El fondo Antin pide a España que pague ya su deuda por las primas a renovables

Los inversores de Antin -fondo de capital riesgo especializado en infraestructuras– han pedido este jueves al Gobierno de España que «cumpla la ley y pague» su deuda por el recorte de primas a renovables después de que el Tribunal Superior de Londres haya reconocido un laudo que obliga a abonarles 120 millones de euros por las pérdidas sufridas cuando en 2013 redujo unas ayudas de 2007 a la energía renovable.

Nick Cherryman, abogado de Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar -los receptores del llamado laudo Antin-, ha celebrado una «decisión histórica» que sienta un precedente para otros demandantes afectados por la retirada retroactiva de esas primas.

«España ha fracasado en su último intento por eludir su responsabilidad legal de pagar a nuestros clientes la deuda que les corresponde», ha declarado en un comunicado.

«Nuestros clientes esperan que opte ahora por respetar la decisión del tribunal, cumplir con la ley y pagarles a ellos y a otros inversores en energías renovables», añade.

El juez Peter Fraser del Superior ha rechazado hoy la petición de España de anular la Orden de registro en Inglaterra de ese laudo arbitral a favor de Antin, firmada el 29 de junio de 2021 por su colega Sara Cockerill y que analizó en un juicio a finales de marzo.

El juez británico considera que España no tiene «inmunidad soberana» en la jurisdicción inglesa en el lauda de los renovables

El magistrado ha desestimado los argumentos de la parte española de que tenía «inmunidad soberana» en la jurisdicción inglesa y de que una reciente jurisprudencia de la Unión Europea (UE) revocaba sus obligaciones adquiridas bajo el convenio internacional de arbitraje del CIADI de 1966 y el Tratado de la carta de la energía (TCE) de 1994.

El dictamen, que en principio puede ser recurrido, abre la puerta a los fondos que en 2011 financiaron las plantas Andasol 1 y 2 en Granada para que ejecuten en territorio inglés el laudo emitido en 2018 por el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) en Washington (EE.UU.), institución dependiente del Banco Mundial.

En este sentido, en un proceso paralelo aún en curso, los inversores han obtenido una orden judicial preliminar para embargar 120 millones de euros de los 855 millones que España podría cobrar si gana un pleito con la aseguradora británica The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association por el vertido del Prestige en 2003.

Los demandantes de Antin también han obtenido el reconocimiento del laudo del CIADI en Australia y estudian medidas para embargar activos españoles no protegidos por la inmunidad soberana allí.