El fondo Infrared, de HSBC, embarga los bienes del Instituto Cervantes en Reino Unido

España se va a personar ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres y Gales en el procedimiento principal y en los distintos accesorios de embargo de bienes que afectaría al Instituto Cervantes en la capital británica en relación con un laudo arbitral en materia de energías renovables, según fuentes el Ministerio de Transición Ecológica, tras la petición realizada a la Justicia británica por el fondo InfraRed, propiedad del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), considerado como el banco más grande del mundo y el líder en finanzas y negocios entre Europa y Asia.

Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la capital británica ha decretado el bloqueo de las cuentas de todos los institutos Cervantes en Reino Unido como medida cautelar solicitada por el fondo InfraRed, que ganó un arbitraje contra España, según informaron varios medios.

La justicia inglesa tiene que decidir si acepta o anula el registro hecho en 2021 ante esa corte de un laudo que obliga a España a pagar 120 millones de euros a unos inversores perjudicados cuando en 2013 redujo unas ayudas de 2007 en favor de la energía renovable.

Ahora la Abogacía del Estado «se encuentra actualmente definiendo su estrategia legal para defender los intereses de España y el respeto al Derecho de la Unión», según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Asimismo indicaron que España prepara la reacción jurídica en defensa de los intereses del Estado, analiza en detalle la situación a la espera de la notificación del comienzo del procedimiento de ejecución del laudo arbitral de InfraRed en Reino Unido, como resultado de la política energética del anterior Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018).

Precisaron que el tribunal inglés «no exige pagar ninguna cantidad todavía. Se ha concedido al Instituto Cervantes dos meses para invocar inmunidad estatal», ha matizado el ministerio.

Por su parte fuentes del Instituto Cervantes han indicado este martes a EFE que, «de momento», el organismo está funcionando en Reino Unido con normalidad, ya que los pagos necesarios se están haciendo desde Madrid.

Aunque la entidad está preocupada por los pagos habituales que están domiciliados en las cuentas bloqueadas, confía en que el problema se solucione pronto.

ARBITRAJES DE RENOVABLES

En 2013, se aprobó una reforma legislativa que redujo la rentabilidad prevista por numerosas instalaciones renovables, ha recordado el ministerio, en referencia a la decisión que en ese sentido había adoptado el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero que generó, sin grandes exigencias, una desorbitada rentabilidad a los fondos de inversión que encarecía enormemente la producción de electricidad con energías renovables.

Hubo inversores internacionales que acudieron a las cortes de arbitraje internacional y denunciaron a España, presentándose 51 arbitrajes en distintos tribunales, la mayoría de ellos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -un organismo dependiente del Banco Mundial- ante el que en total reclamaban unos 10.000 millones de euros.

Para recuperar la confianza de todos aquellos inversores, en 2019, el actual Gobierno promulgó el Real Decreto-ley 17/2019, que otorgó a las plantas afectadas por la reforma una rentabilidad garantizada del 7,39 % hasta el 31 de diciembre de 2031.

Aplicando la normativa en vigor, la rentabilidad hubiera caído al entorno del 4,5 % a partir del 1 de enero de 2020, al repercutirse los bajos tipos de interés (el BCE los mantenía al 0 % desde 2016) sobre la fórmula de cálculo de dicha rentabilidad.

Además, la previsión era que la rentabilidad se redujese progresivamente y se consideró que blindarla al 7,39 % durante 12 años era una buena medida para resarcir a los afectados.

Fuentes del ministerio precisaron que así en 2032, al vencimiento, todas las instalaciones afectadas, en su mayoría construidas antes de 2008, estarán sobradamente amortizadas, y podrán optar por percibir la retribución regulada residual que les corresponda (el plazo máximo es de 25 años) o cobrar el precio del mercado hasta el final de su vida útil.

Desde que se promulgó ese real decreto 17/19, se han frenado radicalmente las denuncias contra España de los inversores internacionales afectados por la reforma legislativa en las cortes de arbitraje, ha asegurado el ministerio.

En la actualidad, de los 52 arbitrajes presentados, se han dictado 29 laudos, seis se han ganado, dos se han anulado, otros 19 están pendientes y tres demandantes han desistido, acogiéndose al marco establecido por el citado decreto ley.

Los laudos han rebajado sustancialmente las indemnizaciones reclamadas, hasta el punto de rondar el 15 % sobre lo demandado, una proporción muy baja en la práctica habitual de los arbitrajes, y que, además, sigue una tendencia descendente: los nuevos laudos otorgan compensaciones cada vez más bajas.

En los casos en que las pretensiones de los demandantes han sido parcialmente admitidas, España ha formulado recurso de anulación. «Ninguno de los laudos se ha llegado a ejecutar», dijeron las fuentes.

Además, los pagos pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una Ayuda de Estado ilegal, ha advertido el ministerio.

Explicó también que cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas, de acuerdo con la Decisión de la Comisión Europea (de 10 de noviembre de 2017) por la que se aprobó el régimen de ayudas en apoyo a la generación de electricidad por fuentes renovables de energía y cogeneración.

España «no puede pagar antes de que la Comisión se pronuncie, de modo que obra cumpliendo fielmente con sus obligaciones legales», ha insistido la misma fuente.