El Gobierno, con ‘mayoría’ en el TC, amenaza con recurrir las leyes de Concordia

ICAL

El Gobierno de España recurrirá ante el Tribunal Constitucional las leyes «antimemoria» impulsadas por PP y Vox. En concreto, la ley de Aragón, que se aprobó en febrero, y las proposiciones de ley de la Comunidad Valenciana y la proposición de ley de Concordia de Castilla y León, presentada la semana pasada por los portavoces de PP y Vox en las Cortes, Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez.

Así lo anunció hoy el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien confió en que las proposiciones decaigan. “Este es un Ministerio de acuerdos donde nos sentamos con las comunidades autónomas para dialogar sobre asuntos en los que no estamos de acuerdo. Pero si no hay acuerdo, iremos al Constitucional”, sentenció.

Una vez que el Ministerio tenga el expediente informativo sobre las leyes -no aclaró si en el caso de Castilla y León y la Comunidad Valenciana esperarán a su aprobación definitiva-, se requerirá a los gobiernos autonómicos para abrir un período de diálogo (una Comisión bilateral según se establece en la Constitución) con el fin de que retiren las normas, y será después, en caso de no llegar a un acuerdo o de que los Ejecutivos rechacen ese diálogo, cuando el Ministerio acuda al Constitucional.

“Somos realistas. Es complicado que lleguemos a un acuerdo en este campo”, apuntó sobre las posibilidad de que esta polémica no acabe en los tribunales. De momento, eso sí, anunció que mañana su Ministerio elevará al Consejo de Ministros “el estudio inicial de la Ley de Aragón y las proposiciones de ley que aún no se han aprobado en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León”.

Para Ángel Torres es “inadmisible” que se esté intentando “igualar” la dictadura con la democracia, como a su juicio ocurre con la proposición de ley de Concordia de Castilla y León. “Lo que se pretende, con la ultraderecha marcando el camino, es blanquear la dictadura igualando ese momento histórico a una época democrática como la Segunda República. Y eso es imposible de igualar”, subrayó, antes de añadir que normas como esa empujan al país “ a una involución democrática”. Según incidió, la entrada de Vox en diversos Ejecutivos autonómicos “lleva consigo que se nos diga qué debemos o no debemos pensar, qué teatro debemos o no debemos ver, y la igualación de la represión, el silencio y el olvido con la democracia”, cuestiones de las que “ningún demócrata puede ser cómplice”.

Explicaciones de Feijóo

“¿Condenamos o no condenamos la dictadura?”, cuestionó el ministro antes de señalar también al Partido Popular como cómplice de lo que está sucediendo por “votar negro cuando antes votaron blanco”. En este caso puso de ejemplo Aragón, donde el nuevo Ejecutivo ha derogado con la nueva ley artículos de la norma anterior que fue aprobada en tiempos de Javier Lambán y que contaba con enmiendas presentadas y respaldas por el propio PP. “Esto es una imposición de la ultraderecha, que busca blanquear la dictadura”, aseveró mientras recordaba que estas nuevas leyes de Memoria cuentan con “la complicidad y los aplausos de este Partido Popular”.

En este sentido, aclaró que el Gobierno podría recuperar bajo el paraguas de la Ley de Memoria Democrática aspectos de la ley autonómica de Aragón derogada, como por ejemplo el mapa de fosas comunes o los lugares de memoria. Al ser cuestionado sobre si el Ejecutivo central o su propio Ministerio van a solicitar al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que interceda para paralizar estas normas regionales, Víctor Torres, señaló que lo que tendría que hacer Feijóo es “explicar por qué su partido apoya lo que antes no apoyaba”.

“La Ley de Memoria Democrática es indiscutible para el Gobierno de España, pase lo que pase en las comunidades”, concluyó el ministro de Memoria Democrática y Política Territorial.