El Gobierno de Sánchez limita los ‘moscosos’ a los funcionarios

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha limitado el número de días por asuntos propios de los empleados públicos, llamados «moscosos» a disfrutar en los casos de personas víctimas de violencia de género que se incorporan de una excedencia o las que se acogen a la misma por cuidado de familiares.

El sindicatos CSIF ha denunciado este miércoles en un comunicado de esta limitación realizada por el Ministerio, que introduce un nuevo requisito de proporcionalidad, de manera que los días de asuntos propios serán proporcionales al tiempo efectivamente trabajado durante el año natural.

CSIF ha considerado esta interpretación como «cicatera», al tiempo que ha censurado el valor que da el Gobierno a esta situación de riesgo y a la necesidad que tiene una mujer víctima de acogerse a una excedencia para, entre otros motivos, protegerse del agresor.

Además, ha explicado que, desde el punto de vista normativo, el Estatuto Básico del Empleado no considera las situaciones de violencia de género (tampoco las de cuidado de familiares o por violencia terrorista) como “excedencia voluntaria”, como sí ocurre en otros casos con las solicitadas por interés particular o por agrupación familiar.

Hasta ahora en la Administración los 6 «moscosos» que disfrutan los empleados públicos no estaban vinculados al periodo trabajado y, por tanto, no estaban sometidos a prorrateo ni eran proporcionales al tiempo de servicio.

Estos días se disfrutan desde 1983 cuando el entonces ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, los aprobó para compensar a los empleados públicos por la pérdida del poder adquisitivo, puesto que los sueldos no se incrementaban al ritmo del IPC.

A estos días se añaden los llamados «canosos», dos días más al cumplir los seis trienios (18 años) en la Administración, más un día extra adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo, todos ellos sometidos a la previa autorización del superior y a las necesidades del servicio.

Estos días fueron reducidos en 2012, durante la crisis económica y posteriormente, devueltos en reconocimiento al esfuerzo realizado por los empleados públicos durante los años de recortes.