El Gobierno de Sánchez presume de ayudar a los más vulnerables bajando 2 euros la luz y subiendo 3,3 euros el diésel

Las organizaciones de consumidores creen que la suspensión del impuesto a la generación eléctrica anunciada por el Gobierno es una solución coyuntural y un «parche» para remediar la subida puntual de la luz, y consideran necesario revisar todo el sistema energético y aclarar cada concepto de la factura.

Piden una revisión del sistema, en el que los diferentes agentes que participan reciban una remuneración «razonable», pero también en el que los consumidores tengan unas tarifas «transparentes, justas y accesibles» para todos los hogares.

Esta es la opinión de organizaciones como la OCU, cuyo portavoz, Enrique García, en declaraciones a Efe, ha opinado que la eliminación del impuesto del 7 % a la generación «solo beneficia a la industria y no supondrá una rebaja en el precio de la energía para los consumidores».

«Llama mucho la atención que la primera medida que se tome para abaratar el precio de la luz sea quitarle un impuesto a las empresas. Tendremos que ver si en los próximos días esa bajada se traslada íntegramente a los precios de la electricidad», ha advertido García, quien cree que en la factura del consumidor final la medida va a tener un efecto «muy limitado».

El mercado mayorista acumula desde marzo seis meses de continuas subidas, según subraya la OCU, que estima que septiembre se podría cerrar con un precio en torno a los 70 euros por megavatio hora, lo que supondrá un nuevo incremento en la factura de la luz en otro 3,3 %.

De esta forma, según sus cálculos, un hogar medio acumula durante 2018 una factura de 598 euros, 16 euros más que en el mismo periodo del pasado año y 80 euros más que en el de 2016.

Por eso, para Facua-Consumidores en Acción la medida anunciada es «una tomadura de pelo», ya que la subida del precio del kilovatio por hora en septiembre superará por sí sola esta rebaja.

Según el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, el descuento en el recibo que puede derivarse de la bajada del impuesto a la generación «representará poco más que el precio de un café».

Mientras, para Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), estas medidas son «un gesto «importante», aunque espera que el Gobierno «no se quede ahí y encuentre soluciones a cada uno de los diferentes conceptos que están en la factura, que en este momento es opaca para los usuarios».

Unas soluciones que, según ha dicho a Efe, deberían contar con el apoyo de los consumidores, que han acogido con satisfacción que el Ejecutivo vaya a potenciar los bonos sociales.

También la Confederación Estatal de Asociaciones vecinales (CEAV), que agrupa a más de 3.000 entidades y un centenar de federaciones, ha solicitado participar en los grupos de trabajo anunciados por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Y ha demandado en un comunicado medidas urgentes ante la «subida descontrolada» del precio de la luz, como que el IVA de la factura eléctrica pase del 21 al 4 por ciento pues cree que el suministro eléctrico debe tener la consideración de un «servicio público esencial».

También hoy la compañía de seguros y servicios jurídicos Legálitas ha instado a los consumidores a prestar atención a la factura de la luz porque así evitarán «pagar de más» por el servicio contratado.

Al revisar la factura tendrán que comprobar que la lectura del contador que refleja se corresponde con el mismo dato observado el día del cierre de facturación, o que es correlativa con la lectura de la factura anterior, pero además también que los términos de potencia y energía se ajustan a lo contratado.