El Gobierno ofertará un total de 30.844 plazas de empleo público

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a incrementar el ejército de funcionarios de España, del que, según el INE, trabajan ya 3,1 millones de personas. El Ejecutivo socialista ha convocado 23.156 nuevas plazas, a las que hay que sumar las 7.688 aprobadas en abril por el PP.

Se trata así de la «mayor oferta de los últimos diez años», según afirmado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, tras el Consejo de Ministros. En cuanto a las 23.156 plazas aprobadas este viernes, 17.299 son de nuevo ingreso y promoción interna -11.095 de nuevo ingreso y 6.024 de promoción interna-, otras 323 para la atención a asilados y refugiados y otras 5.534 plazas corresponden a procesos de estabilización en la Administración General del Estado y en Justicia.

Batet ha destacado que la creación de empleo neto con esta oferta será de 1.909 nuevas plazas, un 58% más que la oferta del año pasado. «Es la mayor creación de empleo neto desde 2008», ha destacado. En este sentido, ha explicado asimismo que esta oferta es la que mayor creación de empleo neto supone desde 2009, con 1909 plazas nuevas, 58 % más que el año pasado.

En concreto, ha detallado que el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para una oferta de empleo ordinaria de 17.095 plazas, de las que 11.095 será de nuevo ingreso y 6.204 de promoción interna.

Asimismo, ha dado el visto bueno a un real decreto para convocar una oferta de empleo extraordinaria destinada a la atención a asilados y refugiados, con 323 plazas, dando respuesta así a las reivindicaciones y demandas de las ONG.

El Consejo también ha dado luz verde a un real decreto para dar estabilidad al personal temporal de la Administración de Justicia con 5.534 plazas relativas a 2017, ha explicado Batet, al tiempo que ha recordado el compromiso firmado de aprobar otra oferta de estabilización referente a 2018 en los próximos seis meses.

Entre los decretos aprobados se incluye uno para recuperar el 100 % de la retribución en casos de incapacidad temporal, reducido durante la crisis hasta el 50 % durante los 4 primeros días y el 75 % los 15 siguientes.

«Con todo ello, trasladamos la recuperación económica no sólo al ámbito salarial sino al empleo», así como el refuerzo en «la prestación de servicios públicos de calidad», ha subrayado Batet.