El juez Andreu declara compleja la causa de Banco Popular: «miles de perjudicados» y 27 querellados

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha declarado «compleja» la investigación sobre la polémica resolución de Banco Popular. Da de plazo hasta el 3 de abril del próximo año para continuar con las pesquisas, tal y como había pedido Fiscalía.

En un auto fechado el pasado 23 de marzo, el juez que instruye la macrocausa ha afirmado que «son miles los perjudicados», se estima unos 305.000 accionistas, junto con un elenco de bonistas con un total de 840 millones de euros de inversión. Asimismo, ha afirmado que hay hasta 58 procuradores que defienden los intereses de estos miles de perjudicados por una decisión adoptada por el Fondo de Reestructuración Bancaria a instancias de la Junta Única de Resolución, JUR, con Elke König en la presidencia.

Según Andreu, hay un «considerable número de querellados», 27 hasta ahora, entre los que se encuentran el Frob, dependiente entonces de Luis de Guindos, la JUR, las ex cúpulas de Banco Popular, con Ángel Ron y Emilio Saracho, la auditora PwC y su socio auditor junto con la posible manipulación del mercado a raíz de una serie de informaciones que provocaron un desplome de las acciones. Los querellados están acusados de delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

Será preciso llevar a cabo «pericias contables de gran envergadura, dada la entidad del Banco cuyas cuentas requieren examen

Para continuar con la investigación de este caso, será preciso llevar a cabo «pericias contables de gran envergadura, dada la entidad del Banco cuyas cuentas requieren examen», para lo cual , habrá que analizar y estudiar «una muy abundante documentación», declarando así compleja la causa.

En la noche del 6 al 7 de junio de 2017, la JUR decidió tomar una histórica y polémica medida con la resolución de Banco Popular. En ese momento, el banco dirigido por Emilio Saracho tenía un valor en Bolsa de unos 1.300 millones de euros. Horas después, sus acciones pasaban a tener un valor de cero, haciendo que accionistas y los tenedores de bonos de mayor riesgo perdieran toda su inversión de la noche a la mañana. La operación fue ejecutada por el Frob, que ha afirmado que cumplía la orden de la JUR, en base a un informe de Deloitte, que era tan solo provisional, casi 10 meses después de la resolución se desconoce por completo el contenido íntegro de este informe. Ni la JUR ni el Frob ni Deloitte lo han facilitado, una muestra de la opacidad con la que se ha llevado a cabo esta operación.

Un gran número de querellas que apuntan a varias vías de investigación: información privilegiada, información falsa y la pinza latina

Los bonistas y accionistas han acudido a todas las instancias judiciales posibles, incluida la más alta, el Tribunal de Justicia de la UE, que deberá pronunciarse sobre el caso. La avalancha de querellas se desataba según corría el tiempo, más cuando se está investigando en paralelo la ampliación de capital de Banco Popular de junio de 2016.

Asimismo, Andreu mantiene aún abierta las publicaciones de noticias con información y datos falsos, provenientes supuestamente de ex consejeros de la entidad financiera. La teoría de una de las querellas es la posible existencia de trama latina, donde Antonio del Valle y otros inversores mexicanos podrían haber tumbado el precio de la acción para hacerse con Popular a precios de saldo. Asimismo, también se investiga si alguno de estos ex consejeros se beneficiaba con la caída de la acción apostando en posiciones bajistas.

Entre las querellas presentadas destacan las de Durán & Durán, el despacho que presentó la primera denuncia penal contra Saracho. También se sucedieron otras, como la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (AEMEC), la empresa Estel Ingeniería y Obras, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y el abogado Felipe Izquierdo.

Este febrero, Andreu reactivaba la investigación y solicitaba información relacionada con la gestión de la entidad, adquirida por el Santander al precio simbólico de un euro. A comienzos de marzo, la Audiencia Nacional paralizó la tramitación de los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la resolución del banco, hasta que los tribunales europeos se pronuncien al respecto.