El PP de Valladolid denuncia la muerte de la educación especial y la concertada

El Partido Popular de Valladolid anunció hoy que luchará con todas las «armas posibles» contra la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), más conocida como la Ley Celaá en referencia a la ministra de Educación, por sus efectos «nocivos» al dejar morir a la escuela concertada y la educación especial.

El diputado del PP por Valladolid José Ángel Alonso recordó que el PP llevará esta ley al Tribunal Constitucional, además de contar con un equipo jurídico para frenar el «atropello» que el Gobierno de España quiere llevar a cabo a cambio de los pactos con otras formaciones para mantenerse en el poder, sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y acercar los presos de ETA al País Vasco.  «No estamos dispuestos a que se juegue con algo tan importante como la educación de calidad para que Pedro Sánchez se mantenga en el sillón», subrayó.

Alonso aseguró, según recogió la Agencia Ical, que la nueva ley acabará en diez años con la educación especial, tal y como recoge la disposición adicional cuarta, que plantea de que este tipo de centros se integren en la escuela ordinaria. Además, aseveró que lo «más grave» es que no se aportan recursos para este tipo de centros. «Nos parece letal», sentenció. En el mismo sentido, se pronunció con la escuela concertada. «Quieren hacer lo mismo con la concertada  y especial lanzando el mensaje: Yo no os cierro pero dejo que os dejo que os muráis vosotros solos», sentenció.

Apuntó que el PP continuará con su trabajo para contar una educación digna, de calidad y parar la Ley Celaá que «atropella» al sistema educativo del país al ser mala para la educación pública, la concertada, la privada y especial. «Es una ley que se ha saltado todos los pactos constitucionales», sentenció. No en vano, recordó que la Ley Celaá ataca «directamente» al artículo 27 de la Constitución al no permitir la libertad de elección de las familias.

En el marco de  una reunión de coordinación con los representantes de Concapa, Fecampa y los sindicatos de educación FSIE, USO, CSIF, la patronal Escuelas Católicas, Cere y miembros de la educación especial, el diputado popular apuntó que el objetivo de este tipo de encuentros -que hoy contó con la asistencia del presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar- es tratar de «paliar» los efectos «nocivos» de una ley si no se logra frenar en el Senado.

En este sentido, precisó que el Partido Popular ya trabaja para articular mayorías absolutas para frenar la Lomloe. También abogó por un Pacto de Estado por la educación y que España cuente con una ley educativa común para todos y que no se modifique cada legislatura. «Esta debe ser la última ley unilateral», significó.

Además, el diputado del PP por Valladolid señaló que la mayor parte de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez han tenido la oportunidad de elegir para ellos y para sus hijos la educación que han deseado pero ahora se lo niegan al resto de los ciudadanos.

Por su parte, el secretario autonómico de Escuelas Católicas, Leandro Roldán, quien ejerció como portavoz de la Plataforma Más Plurales, mostró su «temor, preocupación e indignación» con la aprobación del dictámen de la futura Lomloe. No en vano, reiteró que la Ley Celaá atenta «frontalmente» a la educación concertada y especial, hasta el punto que su objetivo es que se conviertan en una «red subsidiaria» de la escuela pública y no complementaria, como hasta ahora.

En todo caso, Roldán valoró las palabras del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al asegurar que la administración autonómica apoyará esa «estabilidad» del sistema educativo, desde el punto de vista legal. «Es un respaldo importante recibir su apoyo pero hay que ver las posibilidades jurídicas y legislativas que tenemos. Es mucho más fácil tener un apoyo pedagógico y académico pero queremos ir más allá y tener una financiación justa y equilibrada para que las dos redes sigan manteniendo la calidad en Castilla y León», expuso.

El portavoz de la plataforma también mostró su preocupación por la reducción de los estándares de calidad con la flexibilización los criterios de promoción y titulación, lo que supondría una caída de los buenos resultados que obtiene la Comunidad en educación.

Ante esta situación, anunció nuevos actos de protestas con las la Lomloe, con concentraciones el miércoles ante la Delegación y las subdelegaciones del Gobierno, además de continuar con la recogida de firmas, después de haber recogido ya más de un millón de firmas. «Queremos dejarnos oír para que toda la comunidad educativa conozca los agravios que puede crear esta ley y contar con el apoyo de la sociedad», expuso.

José Ángel Alonso apuntó que el PP de Valladolid se sumará a todas las movilizaciones que haga el sector de la escuela concertada y la educación especial, además de colaborar en la recogida de firmas contra la futura ley, tal y como hicieron el sábado pasado en la calle Santiago de la capital, donde lograron el respaldo de 3.000 personas.