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El Procurador del Común aboga por una normativa que impulse el alquiler social

El Procurador del Común aboga por una normativa que impulse el alquiler social

09 mayo, 2023
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Actualizado: 09 mayo, 2023 11:39
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El Procurador del Común, Tomás Quintana, insta a la Junta de Castilla y León a abordar los cambios normativos necesarios para ampliar el parque público de vivienda en régimen de alquiler con un número de inmuebles que permitan atender las situaciones de especial y urgente necesidad.

En el pleno monográfico de las Cortes para la presentación el Informe Anual de 2022 de la institución, Quintana destacó las quejas que reivindican el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y pidió a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que “no pase por alto la situación de especial vulnerabilidad de las personas mayores” en la tramitación de las ayudas a la vivienda.

Tomás Quintana arrancó la presentación del Informe con la manifestación de que “afortunadamente” 2022 ha sido el año de superación de la crisis sanitaria del COVID y la vuelta a la normalidad, aunque afirmó que no se ha limitado el trabajo de la institución, con 8.310 expedientes tramitados a partir de 1.807 quejas recibidas y 63 actuaciones de oficio.

Durante el pasado año, el Procurador dictó 1.533 resoluciones, 170 archivadas por no apreciar irregularidad y en 1.363 se formularon recomendaciones, de ellas, a 28 de febrero de este año, un total de 1.038 había recibido contestación (76,16 por ciento) y fueron aceptadas 923 (88,92 por ciento), 806 no fueron asumidas en su totalidad (77,65 por ciento) y 115 no fueron aceptadas (11,08 por ciento).

Las 63 actuaciones de oficio dieron lugar a 584 resoluciones, de las que 392 fueron aceptadas, 18 asumidas parcialmente y 19 rechazadas, lo que, explicó el Procurador, ha supuesto la aceptación del 95,57 por ciento y solo se rechazaron el 4,43 por ciento.

La institución recibió 938 quejas, que representan el 51,91 por ciento del total de las recibidas, de las administraciones locales, 845 afectaron a Ayuntamientos (90,09 por ciento) y 44 a diputaciones provinciales (4,69 por ciento), y 679 quejas, que representan el 37,58 por ciento del total, a la administración autonómica. De la actuación de la Administración del Estado recibió 139 quejas, que representan el 7,69 por ciento del total y fueron trasladadas al Defensor del Pueblo.

Por áreas, destacó las 1.333 denuncias por deficiencias sanitarias en la Zona Básica de Salud de Tábara (Zamora); 789 por el retraso en la construcción del nuevo centro de salud de de Sahagún (León); 116 en contra de la suspensión de la consulta médica semanal en Castillejo de Azaba (Salamanca).

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