El PSOE, de nuevo en el banquillo de los acusados por la corrupción en Andalucía

La gestión de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE vuelve a ser enjuiciada a partir de este miércoles en la Audiencia Provincial de Sevilla, que acogerá la vista oral contra seis ex altos cargos y otras seis personas por uno de los casi 190 casos que componen la macrocausa de los ERE.

La Sección Tercera prevé desarrollar durante cerca de cincuenta sesiones el juicio por las ayudas que la administración andaluza concedió a Aceitunas y Conservas (Acyco), la primera pieza separada relativa a una empresa concreta que llega al Palacio de Justicia, casi diez meses después de la sentencia sobre la pieza política, en la que fueron condenados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y seis exconsejeros, entre otros.

Entre los acusados del caso Acyco, que se centra en los 2,9 millones de euros que recibió la mercantil sevillana en 2003, hay cinco ex altos cargos que ya fueron juzgados y condenados en el conocido como procedimiento específico, lo cual significa que probablemente sean excluidos de esta causa.

La Audiencia, a través de la Sección Séptima, ya ha dejado muy claro que su doctrina pasa por no jugar en las piezas separadas a los ya procesados por la pieza política, en aplicación del principio non bis in ídem, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos.

Son los casos del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez y el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano.

En la pieza política, la Sección Primera condenó a Fernández y Guerrero a siete años, once meses y un día de cárcel por malversación y prevaricación; a Barberá y Márquez, a siete años y un día y a Serrano, a seis años, seis meses y un día.

Sus abogados volverán a pedir su exclusión durante las cuestiones previas de la vista oral, para cuya resolución se suspenderá el juicio desde mediados de septiembre a principios de octubre, según han informado fuentes judiciales a Efe.

El único ex alto cargo de la Junta que está procesado en el segundo juicio de los ERE y que no lo estuvo en el procedimiento específico es otro exdirector de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años y medio de cárcel.

A la espera de conocer la decisión del tribunal sobre la continuidad del resto en la causa, el Ministerio Público reclama doce años y medio de cárcel para Fernández y Barberá, ocho por un delito continuado de prevaricación y cuatro y medio por prevaricación y falsedad documental, ocho años para Guerrero y Serrano por prevaricación continuada y cuatro y medio para Márquez.

Entre los encausados también figura para la presidenta de Acyco, Encarnación Poto, para la que la Fiscalía pide catorce años.