El PSOE propondrá en las Cortes crear un servicio profesional de bomberos regionales

El Grupo Socialista de las Cortes toma la iniciativa para la aprobación de una futura ley de prevención, extinción de incendios y salvamento de Castilla y León, con el objetivo de crear un servicio profesional de bomberos para aprovechar la oportunidad que ofrecen la llegada de los fondos europeos Next Generation para la recuperación tras la pandemia del COVID-19.

El secretario general del PSCyL y portavoz socialista en las Cortes, Luis Tudanca, presentó hoy en una comparecencia en las Cortes la proposición de ley junto al portavoz de la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, José Ignacio García, y el coordinador socialista del Área de Fomento y Medio Ambiente en las Cortes, José Luis Vázquez.

En ese sentido, el socialista defendió la creación de un consorcio autonómico entre la Junta, que debería aportar el 50 por ciento de la financiación, y los ayuntamientos y diputaciones, para impulsar un servicio formado por bomberos, que sean funcionarios de carrera, que mejore la coordinación y sobre todo la custodia del territorio, con el objetivo de ofrecer el mismo servicio a todos los ciudadanos de la Comunidad, vivan donde vivan.

Al respeto, Luis Tudanca insistió en que este servicio es asumible para la Junta porque también se presta en Galicia y Castilla -La Mancha, mientras aquí se ha “abandonado a su suerte” al territorio. Además, añadió que encaja en los fines de los fondos de recuperación, al ser una iniciativa contra el cambio climático, en favor de los objetivos de desarrollo sostenible y la custodia del territorio. Indicó que la Junta debería haber tenido los “deberes hechos”, pero añadió que con esta propuesta legislativa, que se registró este miércoles, les dan el “trabajo hecho”.

Por tanto, el portavoz socialista remarcó que esta ley regula un servicio público y esencial, que remarcó es competencia de la Comunidad para vertebrar el territorio y para garantizar la igualdad de derechos entre el medio rural y el urbano. Además, indicó que es uno de los ámbitos en los que se puede generar un “importante” número de empleo público y cualificado.

De esta forma, Luis Tudanca defendió una “gestión directa” y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la prestación del servicio a través de la creación de un consorcio autonómico, que permita acabar con el modelo de bomberos voluntarios, que insistió debería ser complementario. Por ello, recalcó que es una iniciativa que se suma a las 90 propuestas en materia de juventud, porque más allá de la pandemia, que reconoció es la prioridad, alguien se tiene que ocupar de resolver el resto de los problemas.

Tudanca apeló a la “mano tendida” y la “mente abierta” de los grupos de las Cortes para que acepten la tramitación de la proposición de ley, que remarcó podría aprobarse en un periodo de sesiones si existe voluntad política. Además, se mostró dispuesto a introducir mejoras en el texto y destacó el trabajo “incansable” de José Luis Vázquez para contar con la participación de ayuntamientos, diputaciones y de la Plataforma de Bomberos Profesionales.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León saludó la iniciativa del PSOE, con la que aseguró están de acuerdo en términos generales, aunque haya que “limar” algunos puntos, tanto su organización como UGT, CSIF, CCOO, USO y el Sindicato Independiente de Palencia. Denunció que el desarrollo del consorcio y de la figura del bombero profesional lleva un retraso de 14 años en la Comunidad.

José Ignacio García reclamó al resto de grupos de las Cortes que trabajen y se “pongan las pilas” y que apoyen la tramitación de la propuesta socialista para que salga adelante “lo antes posible”, puesto que recordó que en la Ley de Protección Ciudadana (2007) ya se contemplaba el desarrollo del consorcio autonómico, mientras en Palencia, León, Ávila, Segovia y Soria -mixto- no cuenta con un modelo profesional y se sirven de voluntarios.

El portavoz de la Plataforma recordó las sentencias judiciales que reconocen que este servicio debe ser público y prestado por funcionarios de carrera y las diferencias entre los servicios que se prestan en Ávila, con salidas que requieren hasta una hora, y Valladolid, donde la respuesta es de entre 15 y 20 minutos. Todo ello, indicó afecta a la atención a un accidente o un incendio.

Finalmente, recordó que se había negociado con la Junta entre 2008 y 2010 y entre 2016 y 2018 las zonas de actuación inmediata, con un acuerdo, que se firmo en abril de hace casi tres años, sin que se haya aprobado todavía. Además, recalcó que el consorcio autonómico, debe contar con dotación presupuestaria de la Junta, que añadió debe acordar con el resto de entidades el modelo.