El PSOE también anuncia posibles medidas legales contra el protocolo ‘antiaborto’

El PSOE pidió hoy que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, explique en un pleno extraordinario de las Cortes el protocolo de medidas antiaborto anunciadas por su socio de Vox y avanzó que estudiará posibles acciones legales ante el posible incumplimiento de leyes orgánicas de protección a las mujeres que toman la decisión voluntaria de interrumpir su embarazo.

Así lo anunciaron en una rueda de prensa las secretarias de Igualdad federal y autonómica, Andrea Fernández y Patricia Gómez, en la que acusaron a la Junta de “declararse en rebeldía” y directamente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de “estar escondido”, y al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de no desautorizar al vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox).

En su iniciativa, Gómez precisó que hoy mismo se registrará la petición de convocatoria de la Diputación Permanente para la comparecencia de Mañueco, dado que enero es inhábil -solo está habilitado para tramitar la proposición de ley de Medidas Tributarias e informes del Consejo de Cuentas-, y confió en que exista “la celebridad y buena disposición” expresada con el pleno de toma en consideración de la iniciativa de la norma que acompaña a los presupuestos.

Por su parte, Andrea Fernández manifestó que el PSOE estudiará posibles acciones legales contra la Junta por su posible incumplimiento de dos leyes orgánicas como las de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y la de reforma del Código Penal que penaliza el acoso a mujeres que acuden a clínicas que practican abortos.

No obstante, Fernández acompasó las posibles acciones legales contra la Junta a conocer el contenido del protocolo anunciado por García-Gallardo el pasado jueves tras la reunión del Consejo de Gobierno y a las ya avanzadas por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, con el requerimiento al Ejecutivo de Fernández Mañueco, así como a que se irá hasta el final porque esas medidas no caben en la ley. 

Andrea Fernández acusó a la Junta de Castilla y León de institucionalizar en cartera de servicios de Sacyl practicas de acoso a las mujeres como las que se produjeron en las puertas de clínicas con la entrega de folletos sobre el efecto para la salud mental de un aborto o la invitación para ir a unas furgonetas para escuchar los latidos del feto. 

Como subrayó, se trata de medidas que no están permitidas y que crean una inseguridad jurídica tanto a los profesionales como a las mujeres que han tomado la decisión de no seguir con su embarazo y lo que necesitan es “comprensión” y “protección» por parte de los servicios públicos y no “la coacción”.  

También, calificó de “tomadura de pelo” que se diga que son medidas por la vida y estimó que se trata de un “control de las mujeres», que se verán abocadas a decidir entre un aborto de manera clandestina o decir no al ofrecimiento de contar con un psicólogo o de escuchar el latido fetal. “Frente a las políticas de la coalición del miedo, ni un paso atrás”, zanjó.

Andrea Fernández y Patricia Gómez criticaron al PP por realizar “un ensayo” en Castilla y León de lo que sería un Gobierno de Feijóo en caso de necesitar a Vox tras las próximas elecciones y le acusaron de utilizar los derechos reproductivos de las mujeres como “moneda de cambio” para llegar o seguir en el poder.

“Esto es un circo que tiene que parar”, enfatizó Andrea Fernández, que añadió que los castellanos y leoneses están “hartos de titulares y polémicas” a nivel nacional e insistió en que no se trata de medidas a favor de la vida ni de la natalidad cuando faltan pediatras en centros de salud, los consultorios están cerrados o solo en dos hospitales se practican abortos en la sanidad pública, en los de Burgos y Miranda de Ebro. 

En esta línea, expresaron el compromiso del Gobierno con los derechos y salud de las mujeres que toman la decisión de no continuar con su embarazo, donde Andrea Fernández precisó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “sale al rescate” para ejercer ese derecho con seguridad con la próxima aprobación de la reforma de la ley del aborto, que regulará la práctica de interrupción de un embarazo en su hospital de referencia y en caso de la objeción de conciencia de los profesionales, estarán obligados a proveer de ellos.