El sector del automóvil ve «irreal» la norma europea que obliga a implantar el eléctrico

La Junta de Castilla y León, el sector del automóvil y el Grupo Renew Europe, que engloba a los partidos liberales europeos, coincidieron hoy en reclamar a la Comisión Europea una normativa ‘Euro7’ “más laxa” y que fomente que las “grandes inversiones” que tiene que llevar a cabo la industria automovilística en su transición se encaminen “hacia la electrificación” que marca la norma, ya obligatoria, de dejar de comercializar vehículos con motores de combustión a partir del año 2035.

Y es que la normativa ‘Euro7’, aún en trámite de debate en el Parlamento Europeo, obligaría a la industria del automóvil a realizar grandes inversiones en materia de reducción de emisiones para sus motores de combustión a partir del año 2025 que serían “incompatibles”, por falta de disponibilidad de recursos, con la transición hacia el vehículo eléctrico.

Es por ello por lo que CEOE Valladolid organizó esta mañana un desayuno de trabajo con la eurodiputada del Grupo Renew Europe, Susana Solís, única ponente española en el Parlamento Europeo en el debate sobre esta norma, para recoger las inquietudes y preocupaciones del sector en Castilla y León, así como sus propuestas, de cara a modificar una norma que la propia Solís reconoce que “no hace sino poner más palos en las ruedas del lugar hacia donde deberíamos ir, que es invertir en coches eléctricos que sean más asequibles y fabricados en Europa”.

Por ello, la propuesta que pretenden elevar desde el grupo de liberales europeos, a través del conjunto del Parlamento, a la Comisión Europea, órgano de gobierno de la UE, es que la normativa ‘Euro7’ sea “mucho más laxa” y cuente, además, con otros plazos porque “el periodo de aplicación de 2025 es irrealista”.

No obstante, tal y como está planteada ahora, la normativa ‘Euro7’ supondría un sobrecoste para la industria del automóvil de 2.000 euros por vehículo, a lo que habría que sumar las “grandes inversiones” necesarias para la transición hacia el coche eléctrico, único que se podrá comercializar en Europa a partir de 2035.

En ese sentido, la propuesta de Renew Europe, compartida hoy con el sector en Castilla y León, CEOE Valladolid y con el Gobierno autonómico, es que las condiciones de prueba para la reducción de emisiones se aplique a las ruedas y los frenos, porque “va a tener futuro y en el coche eléctrico se van a utilizar” dichas modificaciones, pero “no tiene ningún sentido hacerlo en los motores de combustión, que tienen un periodo de vida hasta 2035”, por lo que las inversiones “no se van a poder amortizar” en la industria que, a la vez, debe afrontar la transición hacia el vehículo eléctrico.

La principal oposición a esta modificación, comentó Solís en declaraciones recogidas por Ical, está en la división existente en el Parlamento Europeo “entre el grupo de la derecha, que tiene una posición proindustria”, y los parlamentarios de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Los Verdes y la Izquierda Europea, que solicitan a la Comisión Europea “una posición aún más ambiciosa” en las condiciones de la normativa ‘Euro7’.

“En el grupo liberal tenemos que hacer el equilibrio pero tenemos que irnos del lado de la industria”, comentó Solís, que reiteró su deseo de realizar una propuesta que retrase las fechas de entrada en vigor de la normativa ‘Euro7’ por ser el año 2025 “totalmente irrealista”.

Posición de país con la industria

Además, aprovechó Solís su presencia en Valladolid para exigir al Gobierno de España que, dentro de la Presidencia rotatoria del Consejo Europeo que asume a partir del 1 de julio, ejerza “un papel importante del lado de los países productores”, junto a los que la eurodiputada consideró que debe alinearse el Ejecutivo nacional.

“Tenemos la posibilidad de que la Presidencia española pueda cerrar esta norma y espero que el Gobierno apoye a la industria como vamos a hacer desde el Parlamento europeo”, concluyó Solís, señalando que, aunque Alemania “todavía no se ha definido”, el resto de países productores sí lo han hecho a excepción de España, a quien encomendó “que lo haga”.

En la misma línea se posicionó el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que sostuvo la petición para flexibilizar esta norma porque supone “apoyar al empleo, la actividad productiva, la industria y los trabajadores” y permitirá “seguir fabricando automóviles en España y Castilla y León”.

“Estamos del lado de los países productores y nos gustaría que el Gobierno de España se sumara a esta posición”, afirmó Carriedo, recordando que esta postura también ha sido defendida “en alguna ocasión” por Alemania y de manera vehemente por Francia, Italia, Rumanía o Eslovaquía, entre otros, dado que “sin pasar esa barrera de la Euro7, no va a haber el reto siguiente que es el de la electrificación completa del sector del automóvil” en 2035.

Pensar en el largo plazo

Desde CEOE Valladolid, como entidad organizadora del desayuno de trabajo realizado hoy con la europarlamentaria española ponente de esta norma, apuntan que el objetivo del mismo es “ver si, de alguna manera, se pueden introducir mejoras en esa normativa que ahora se está discutiendo en el Parlamento Europeo” con el fin de “apoyar y salvar al sector de la automoción en Valladolid y Castilla y León”.

Y es que, como defendió la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel, en declaraciones recogidas por Ical, la ‘Euro7’ “es una norma que afecta muchísimo a toda la industria y el sector de la automoción” y, por tanto, “al futuro de Valladolid y Castilla y León” por obligar a los productores a “acometer inversiones que, en muchos casos, pueden resultar incompatibles con la transición al vehículo eléctrico”.

Por tanto, De Miguel abogó por que “si lo que se pretende es hacer esa transición al coche eléctrico, que ya está fijada en gran parte de la normativa europea, se permita que toda la inversión vaya focalizada en ese largo plazo y no haya imposiciones a corto” como plantea la normativa ‘Euro7’, que la presidenta de CEOE Valladolid reconoció que “haría mucho daño al sector” por obligarle a “adaptar, para un breve espacio de tiempo, toda la industria” con “inversiones importantes a corto plazo” que “no tendrían mucho sentido” cuando “la apuesta a largo plazo está en la electrificación”.