El Servicio Publico de Empleo gestionó políticas activas por 254 millones

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León atendió el pasado año a 243.397 personas, después de poner a disposición de trabajadores y empresas en políticas activas de empleo 254 millones de euros. La prestación de servicios se realizó fundamentalmente a través de los distintos programas de formación, fomento del empleo, o intermediación y orientación laboral, según se recoge en la memoria de este organismo, aprobada hoy por el Consejo General de Empleo, presidido por la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo.

Las políticas activas de empleo desarrolladas por el Ecyl estuvieron claramente condicionadas a lo largo del pasado ejercicio por la crisis sanitaria que ha obligado a modificar y reorientar algunos de los programas. Así, se puso en marcha un paquete de medidas extraordinarias para apoyar la actividad empresarial y el mantenimiento del empleo. Igualmente, el organismo público llevó a cabo una profunda transformación digital con nuevos procesos y servicios que han permitido prestar atención telemática a trabajadores y empresas, así como consolidar el aula virtual como herramienta de formación.

Dentro de las actuaciones llevadas a cabo, cabe destacar los programas de fomento del empleo que han permitido que 8.747 personas hayan obtenido un empleo, indefinido o temporal, a través del fomento de la contratación en empresas o en entidades locales, además otras 630 personas han iniciado una actividad por cuenta propia gracias a los incentivos al autoempleo establecidos desde el Ecyl. Por otra parte, 31.242 personas más han participado en acciones formativas tanto para ocupados como para desempleados; mientras, fueron 202.778 los beneficiarios de los programas de atención y orientación laboral.

Desde el punto de vista presupuestario, durante el pasado ejercicio se invirtieron 82,3 millones de euros en programas de fomento del empleo, de ellos 64,5 millones se destinaron a los programas de empleo rural y local de los que se beneficiaron fundamentalmente jóvenes menores de 35 años, parados de larga duración, mayores de 45 años con cargas familiares y sin prestaciones y colectivos prioritarios como mujeres, personas en riesgo de exclusión o emigrantes retornados, entre otros. En formación para el empleo se ejecutaron 47,5 millones de euros con un importante incremento de la formación no presencial en respuesta a las exigencias de la emergencia sanitaria lo que ha permitido consolidar el aula virtual como herramienta de formación.

Durante el año 2020, según se informa desde la Junta, el Servicio Público de Empleo llevó a cabo una profunda transformación digital con nuevos procesos y servicios, que permitieron prestar atención telemática a trabajadores y empresas adecuando así la prestación de servicios a las restricciones de movilidad establecidas como consecuencia del COVID 19. En este sentido, se generalizaron servicios a través de la oficina virtual y se impulsó la app que cuenta ya con 170.530 descargas.

Por último, cabe destacar las medidas que se están poniendo en marcha para mejorar la eficacia y eficiencia en la asignación de recursos públicos. Con ese objetivo se está llevando a cabo una evaluación exhaustiva del Servicio Público de Empleo por parte de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), con el objetivo último de mejorar la implementación de las políticas activas de empleo.

Por otra parte, el Consejo General de Empleo aprobó el conjunto de actuaciones que se llevarán a cabo a lo largo de este ejercicio a través del Servicio Público de Empleo y que cuentan con un presupuesto global 226,9 millones de euros. Las medidas previstas están incluidas en el Plan de Empleo de Castilla y León 2021 firmado el pasado 2 junio en el Consejo del Diálogo Social.

El Plan de actuaciones prevé atender a lo largo de este año a más de 294.000 usuarios entre personas desempleadas, ocupadas, empresas y autónomos. Dentro del Plan se priorizan las medidas destinadas a fomentar el empleo y apoyar el emprendimiento; así mismo, hay una apuesta decidida por la formación como instrumento para mejorar la empleabilidad y apoyar la recuperación económica y la transformación del tejido productivo. Además, se pretende garantizar la protección y la ayuda a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos, así como favorecer la cohesión territorial y el asentamiento de población.