El último delirio de Sánchez: obliga a la Abogacía del Estado a cambiar el delito de rebelión por el sedición de los golpistas catalanes

Una democracia se sustenta en la división de tres poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Cuando el ejecutivo intercede en el legislativo, está muerta. El último delirio de Sánchez por mantenerse en la poltrona del la Moncloa es una clara intromisión del poder del Gobierno en la Justicia.

La Abogacía del Estado acusará a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de sedición en vez de rebelión, al entender que no se dieron los episodios de violencia suficientes, y de otro de malversación, en un intento del Gobierno de Sánchez de conseguir el apoyo de los separatistas catalanes a su Presupuesto de 2019 para mantenerse en la Moncloa unos cuantos meses más, y respetando así el acuerdo alcanzado por Pablo Iglesias y Oriol Junqueras en la cárcel de Lladoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

Según han confirmado a Efe fuentes del Gobierno, la Abogacía del Estado entregará mañana en el Tribunal Supremo su escrito de calificaciones provisionales en el que se desmarca del criterio de la Fiscalía y no ve que los acontecimientos que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) sean susceptibles de un delito de rebelión, sino de sedición.

La decisión de la Abogacía, que representa los intereses del Estado y que orgánicamente depende del Ministerio de Justicia, supone que en el juicio, que previsiblemente comience en enero, defenderá que no se produjo un alzamiento violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

Dicha decisión, según informa El País, se tomó el pasado lunes en la Moncloa cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunió a sus colaboradores más cercanos, que concluyeron que «la acusación de rebelión es excesiva».

La Abogacía del Estado se personó más tarde en la causa del procés por el asunto de la malversación, sobre el que ha pivotado toda su actuación y las diligencias solicitadas, y no tenía de hecho por qué pronunciase sobre la rebelión o la sedición.

A lo largo de la instrucción, siempre respaldó el criterio de la Fiscalía en relación a la violencia y el delito de rebelión, hasta el punto de que cuando pidió al Supremo que cerrase la investigación, solicitó que se juzgara a los procesados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia.

Por tanto, su decisión de acusar de sedición supone un cambio en la estrategia que ha mantenido en la causa hasta la fecha.

Según el Código Penal, cometen delito de sedición quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.

Y añade que «los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad».

Por su parte, el delito de malversación contempla penas de hasta 12 años de prisión «si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros», lo que se supere holgadamente en este caso, después de que la Guardia Civil elevara a 3,2 millones de euros la cantidad malversada en un escrito remitido al alto tribunal.

Este es el último delirio -del latín de-lirare, «salir del surco al labrar la tierra»-, de Pedro Sánchez por mantenerse en la poltrona de La Moncloa, un presidente que ni siquiera es capaz de aclarar si concederá o no el indulto a los golpistas catalanes en la sede de la soberanía del pueblo español, el Congreso de los Diputados. Unos catalanes, por cierto, que no les duele en prenda justificar su petición de independencia por el lastre que supone para ellos «los vagos» de los obreros andaluces y extremeños, dos feudos tradicionales del PSOE y que son reiteradamente insultados por los socios de Sánchez y que permiten que el Partido Socialista Obrero Español se mantenga en el poder, aunque sea por la puerta falsa.