Emilio Saracho tendrá que testificar el 22 de mayo en Barcelona

Emilio Saracho, ex presidente de Banco Popular, no podría mentir ante el juez, ya que en caso contrario podría enfrentarse a entre 6 y 2 años de prisión. El juzgado de Instrucción 27 de Barcelona ha rechazado el recurso de Saracho, quien puso varias excusas para evitar ir a Barcelona.

El caso juzgará los 28.000 euros perdidos por un particular por la resolución de Banco Popular. Rechaza así el recurso de Saracho, que rogaba que se le eximiera de comparecer ya que podría ver vulnerada su defensa en el caso penal instruido en la Audiencia Nacional, o se le permitiera hacerlo por videoconferencia, ya que el día de la vista no había «medios de transporte» que permitieran su desplazamiento desde Madrid.

En la providencia a la que ha tenido acceso Efe, la magistrada explica que «no puede ser relevado de comparecer (…) resultando improcedentes las alegaciones sobre la desproporcionalidad o inutilidad» de su testifical, solicitada por el abogado Felipe Izquierdo en representación de un inversor particular que perdió 28.000 euros tras la resolución acordada por Europa.

El juez rechaza la videoconferencia

Del mismo modo, descarta la posibilidad de que Saracho declare por videoconferencia «no sólo porque suele ser habitual la exhibición documental sino porque no se acredita la concurrencia de las circunstancias excepcionales atendiendo a la distancia con su residencia y a los diversos medios» que unen Madrid y Barcelona.

La decisión, contra la que cabe recurso en el plazo de cinco días, confirma lo acordado durante la audiencia previa celebrada el pasado 6 de febrero. En ella, la juez también requirió a la entidad el acta del Consejo de Administración celebrado el 6 de junio de 2017, un día antes de que la Junta Única de Resolución (JUR) europea acordara la operación que supuso la reducción a cero de las acciones y de la deuda subordinada.

Un documento en el que, explican fuentes jurídicas, los integrantes del Consejo reconocerían la insolvencia del Popular por falta de liquidez y problemas patrimoniales, apenas horas antes de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ejecutara la resolución en España.

Precisamente la Fiscalía de Barcelona fue pionera a la hora de sostener que la entidad «proporcionó datos sobre su estado financiero, que no se correspondían con el real» en la oferta de la ampliación de capital, donde «al menos al público en general no se le hizo saber la auténtica situación (…) para intentar sacarla -la operación- a flote».