El gestor aeroportuario Aena, dependiente del Ministerio de Transportes que a través de Enaire tiene el 51%, ha alegado ante la Agencia Tributaria, órgano recaudador del Ministerio de Hacienda, el tratamiento fiscal de determinadas operaciones realizadas de cara a su salida a bolsa en 2015, con el objetivo de evitar la ‘doble imposición’ a la hora de actualizar el valor en libros de sus aeropuertos.
El diario El Mundo ha adelantado este martes que Aena ha recurrido un presunto agravio que ascendería a 1.271 millones de euros, tras una propuesta de regularización por parte de la Agencia Tributaria con un «criterio interpretativo distinto» al sostenido por el gestor aeroportuario, han informado a EFE fuentes de la empresa.
Según el citado diario, Enaire transfirió la red de aeropuertos a Aena a valor contable previo a su privatización, pero la posterior oferta pública de venta (OPV) del 49 % reflejó una valoración de mercado significativamente mayor, lo que generó una plusvalía extraordinaria para la entidad matriz.
La compañía solicita revalorizar ahora dichos activos en su contabilidad mitigando un escenario de doble imposición, sosteniendo que el impacto fiscal de la plusvalía ya quedo asumido por Enaire.
Por ello, el gestor defiende que puede revisar el valor de sus activos en sus libros y amortizar esa cifra de 1.271 millones durante las siguientes dos décadas a su generación.
Aena remite alegaciones
Fuentes de Aena recalcan que estas alegaciones se han emitido tras la solicitud de rectificación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2015 a 2023, presentadas por Aena y después de que la propuesta de la Agencia Tributaria se planteara «en un criterio interpretativo distinto» al sostenido por la compañía.
Según Aena, su posición se encuentra respaldada por la contestación vinculante de la Dirección General de Tributos de 22 de noviembre de 2022, así como por los trabajos de identificación, asignación y valoración de los elementos patrimoniales afectos a la rama de actividad aportada en 2011, realizados con el apoyo de expertos independientes.
Así, el grupo, con el apoyo del despacho Pérez-Llorca para iniciar esas alegaciones, considera que existen «argumentos jurídicos sólidos» que avalan su criterio.