9.000 accionistas de Pescanova pueden perder todo lo invertido en la sociedad

Pescanova S.A. ha anunciad hoy, en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que «presentará recurso» contra el auto de apertura del juicio oral por ocho delitos, entre ellos falseamiento de cuentas, estafa y uso de información privilegiada.

La compañía ha asegurado que en el auto conocido hoy, «y como consecuencia de los hechos atribuidos a sus antiguos administradores», se les exige una fianza de 348,2 millones de euros para responder de las multas solicitadas por las acusaciones, así como otras fianzas por importe de 602,9 millones de euros conjuntamente o subsidiariamente con otros acusados para garantizar la responsabilidad civil.

Por ello, ha avanzado que «presentará recurso», puesto que una «eventual ejecución en el patrimonio de la sociedad por estos importes podría provocar una situación de insolvencia temporal de la empresa» con «gravísimo e injustificado perjuicio de nuestros 9.000 accionistas», quienes perderían todo el patrimonio invertido en el capital de la sociedad.

En la comunicación a la CNMV, Pescanova S.A. -Vieja Pescanova- advierte de que «en opinión de los asesores legales de la sociedad» la potencial sanción económica o la posible responsabilidad civil resultante de una hipotética sentencia condenatoria definitiva «estarían afectadas por las consecuencias del proceso concursal» en el que ha estado inmersa y las quitas correspondientes.

Y señala que «estarían sometidos a los acuerdos de fusión y segregación aprobados por la Junta General de la empresa en septiembre de 2016», en la que «también quedó previsto que Nueva Pescanova se ha de hacer cargo de las consecuencias económicas de una hipotética sentencia condenatoria».

En el auto, De la Mata repasa la gestión realizada por los directivos y consejeros de la compañía gallega antes de que se declarara en concurso de acreedores en 2013 y confirma la existencia de indicios criminales.

En el llamado «caso Pescanova», que analiza desde 2013 el descalabro de la firma gallega por numerosas irregularidades contables, serán juzgadas 19 personas físicas y 12 jurídicas, entre ellos el expresidente de la firma, Manuel Fernández de Sousa.