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El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. EFE/Alessandro della Valle

A Iberdrola le crecen las causas judiciales: se reactiva el caso de la alteración del precio de la luz en 2013

A Iberdrola, y a su presidente, Ignacio Sánchez Galán, se le complica la vida en los juzgados. Al caso Villarejo, bajo investigación por contratar la eléctrica al excomisario cuando era policía en activo para diversos trabajos, incluido el espionaje, se suma ahora el hecho que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga desde 2017 si Iberdrola cometió un delito al manipular el precio de la electricidad en el año 2013, ha retomado el caso.

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Según informa El PAÍS, el magistrado ha solicitado distintos informes a organismos como la CNMC y a la empresa Red Eléctrica, la operadora logística del sistema eléctrico en España, para determinar por qué la luz subió un 26,5% y los perjuicios que eso ocasionó. En sus nuevas actuaciones, estudia igualmente citar a declarar como testigo al exministro José Manuel Soria, que en 2013 era el responsable de Industria en el Gobierno de Mariano Rajoy.

En mayo de 2017, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno admitió a trámite la denuncia interpuesta por Anticorrupción, que acusa a la eléctrica de un delito contra el mercado y los consumidores, cometido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.

A tenor del documento, Iberdrola Generación habría ideado un sistema para incrementar el precio de la energía “más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda”, por encima del mercado diario y en busca de un “lucro” millonario para la compañía, que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) cifró en 21,5 millones de euros, con un impacto económico para el sistema de 105 millones en los días de la supuesta manipulación del precio.

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Para la asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular, Iberdrola incurrió en una práctica delictiva al paralizar las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, para elevar el coste de la energía comercializada en el mercado mayorista y, con ello, las tarifas para el usuario final.

Argumentos que parten del análisis realizado por la CNMC, en virtud del cual impuso a la compañía 25 millones de euros por conducta muy grave en la manipulación del precio de la energía eléctrica.

La sanción fue suspendida de forma cautelar por la sección cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, encargada de resolver el recurso de Iberdrola.

Mientras tanto, el juez Moreno acaba de reactivar la instrucción con un auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, “en el que reclama datos e informes a cuatro organismos para valorar qué factores contribuyeron al incremento de precios y para cuantificar el perjuicio que soportaron los consumidores y las comercializadoras y distribuidoras que hacen de intermediarias y que, según han alegado, sufrieron pérdidas millonarias”.

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El juez, según el mismo diario, también pide a los peritos de la CNMC que emitan un informe que valore toda la documentación aportada a la causa y que “no tuvieron en cuenta al hacer su informe inicial”.

Esa nueva información incluye los testimonios de cuatro directivos que declararon en enero de 2019 en la Audiencia Nacional, además de peritajes e informes propios de la eléctrica, así como la documentación presentada por los afectados, como comercializadoras como Axpo Iberia, que cuantifica su perjuicio en unos 30 millones de euros. Esa reclamación económica se debe a que las intermediarias, al tener pactado de antemano los precios con sus clientes según unas previsiones normales, no pudieron trasladar la sorprendente subida a su servicio.

El juez también, según el mismo medio, pide a la CNMC que calcule “lo más aproximado y objetivo posible” cuál debió ser el precio del PVPC —la tarifa regulada de la luz— en los meses en los que la alteración de precios pudiera haber afectado al mercado. Solicita igualmente, a instancias de Facua, que fije cuál debió ser el precio de la energía sin tener en cuenta la subida de precio que se investiga.

Moreno tampoco se olvida del MEFF

El juez Moreno, informa el mismo diario, también quiere comprobar cómo se comportó el clima en noviembre y diciembre de los años 2009 a 2012, así como si hubo especuación en el mercado de futuros MEFF (Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados) sobre las cotizaciones y cantidades negociadas en noviembre y diciembre de 2013 en los productos derivados de la energía y que le mande un informe sobre la “repercusión y posibles alteraciones en el precio derivado del incremento de la energía en el mercado diario e intradiario”. 

Iberdrola afirma que esa alteración de precios le provocó pérdidas

Los directivos de Iberdrola Generación España defendieron en enero de 2019 ante la Audiencia Nacional que la compañía no alteró de forma intencionada el coste de la luz en el invierno de 2013, y apuntaron al riesgo de escasez de agua al que hacían frente sus centrales hidráulicas como causa de esta variación.

Iberdrola Generación justificaba su actuación al valorar que “anticipando una importante caída en sus reservas y un claro riesgo de escasez (de agua), era perfectamente racional extremar la prudencia en su gestión de las centrales y reservar cierta capacidad para las horas de máxima demanda” entre finales de diciembre y febrero.

Para ello, proseguía, la única forma de hacerlo era ofertar su electricidad a precios más elevados, lo que detuvo la caída de las reservas y evitó una situación de falta de recursos que habría encarecido aún más los precios de mercado.

Una versión que fue ratificada en sede judicial por el representante de la compañía, quien apuntó que la energética no sólo no obtuvo el supuesto “lucro ilícito” de 20 millones por el que está siendo investigada, sino que los problemas en las centrales le provocaron pérdidas económicas.