La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado hoy que el sobrecoste de la seguridad reforzada irá a parar a los propietarios de la generación tradicional, es decir, a las grandes eléctricas, y la operación reforzada representa el 35% del coste en el mercado de ajustes, con lo que no toda la subida se puede achacar al modo de seguridad.
Esa es la respuesta de Aagesen al grupo de Sumar, que forma parte de su Gobierno, en el Congreso una pregunta escrita sobre qué medidas va a adoptar para que las comercializadoras eléctricas no repercutan en la factura de la luz los sobrecostes de la seguridad reforzada a raíz del apagón.
Según Sumar, las comercializadoras de luz plantean incluir el coste extra de las medidas de seguridad a raíz del apagón que aplica Red Eléctrica, la empresa propiedad de Redeia, controlada por el Gobierno con el 20% del capital a través de la Sepi, en los nuevos contratos y renovaciones con los clientes y ya lo están repercutiendo en las facturas de los clientes de tarifa regulada (PVPC).
Aagesen dice que el sobrecoste de la seguridad reforzada tras el gran apagón del 28 de abril irá a parar a las grandes eléctricas
En su iniciativa parlamentaria, Sumar pregunta a la vicepresidenta «qué justificación hay para que los clientes de tarifa regulada ya estén pagando el sobrecoste de seguridad reforzada».
También pregunta por «el plan del ministerio para que el sobrecoste de la seguridad reforzada quede asumido por las grandes eléctricas», tal y como ha manifestado la ministra Aagesen, y por los «datos con que cuenta para concluir el porcentaje de la operación reforzada en el mercado de ajustes».
