La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado que «no se puede cumplir» el mandato que aprobó el Congreso la semana pasada, a iniciativa del PP, de alargar la vida útil de las centrales nucleares, «porque el sector está liberalizado y son las empresas las que solicitan o no el cierre». La sucesora de Teresa Ribera, antinuclear declarada como ella, que calificó este tipo de energía como de insostenible, manipula la verdad de los hechos con su propio relato. Las empresas lo único que han dicho es que no pueden continuar con las centrales nucleares si el Gobierno las asfixia fiscalmente y no mantiene una neutralidad con otros tipos de energías subvencionados y regadas con millones de euros de dinero público como las renovables o el hidrogeno verde.
Foro Nuclear, la patronal del sector, se lo ha dejado muy claro a la ministra Aagesen, en diversas ocasiones: «La política energética es responsabilidad del Gobierno. La política fiscal también. La energía nuclear ha soportado en los últimos cinco años un incremento de la presión fiscal asfixiante. La carga tributaria específica soportada por el parque nuclear se ha incrementado en ese periodo un 70%, pasando de 16 €/MWh a 28 €/MWh, discriminando la generación nuclear frente a otras tecnologías y haciendo insostenible su viabilidad económica. Como hemos denunciado en numerosas ocasiones varios de estos tributos son redundantes, con objetos y bases imponibles duplicados y en su mayoría no atienden a su finalidad».
Aagesen sigue, sin embargo, descargando la responsabilidad del cierre de las centrales nucleares en las empresas y así contestaba, en la sesión de control, al diputado ‘popular’ Guillermo Mariscal, que le ha replicado que las empresas no diseñan la política energética, sino que es esa es una «responsabilidad exclusiva e indelegable» de la ministra.
España compromete «la seguridad del suministro, encarecerá la factura eléctrica y aumentará las emisiones y la dependencia del exterior» con el fin de las nucleares
Mariscal ha sostenido que el cierre de las nucleares, previsto de manera escalonada entre 2027 y 2035, «compromete la seguridad del suministro, encarecerá la factura eléctrica y aumentará las emisiones y la dependencia del exterior».
Tras subrayar que España es el «único país del mundo con centrales operativas que ha decidido cerrarlas», el representante del PP ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de condenar al país a un «suicidio energético y estratégico» y de poner en riesgo empleo cualificado en Almaraz-Trillo, Cofrentes, Ascó y Vandellós, «agravando el desierto demográfico».
«La Agencia Internacional de la Energía se lo ha dicho recientemente: tienen que revaluar el papel de la energía nuclear en el mix urgentemente», ha reclamado Mariscal a Aagesen.
La ministra ha defendido que el Gobierno ha cumplido con el mandato del Congreso que es «vinculante», que es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y que la planificación que lleva haciendo años el Ejecutivo hace que lleguen inversiones y que España tenga la «energía más competitiva de Europa», porque tiene sol y viento.
«Todos lo reconocen menos ustedes, miren el éxito en nuestro país», ha pedido Aagesen a los ‘populares’, tras comprometerse a asegurar el suministro, con un modelo técnico avalado a nivel europeo, y a «no hacer un Garoña, trabajando para dar soluciones al territorio».
