Abanca podría quedarse 100 millones de euros de ancianos sin recursos

Las preferentes han vuelto al Congreso y Abanca ha sido señalada por Xesús Domínguez, portavoz de la coordinadora de afectados por las preferentes en Galicia. Abanca, según denunció, se quedará con 100 millones de euros que provienen de los ahorros de 8.000 ancianos afectados.
Abanca nació tras el ruinoso rescate de las cajas gallegas, a las que se le endosaron más de 9.000 millones de euros públicos y de los que tan solo se recuperaron cerca de 1.100 millones. Uno de los importantes litigios contra la entidad controlada por el venezolano Juan Carlos Escotet fue precisamente el resarcimiento y restitución del dinero estafado por las preferentes emitidas por las cajas gallegas.
En total, hay solo en Galicia 116.000 afectados por este producto de altísimo riesgo y solo destinado a inversores profesionales. No obstante, la banca las endosó entre innumerables jubilados y pensionistas, quienes no entendían nada sobre este peligroso producto, permitido también por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Abanca «podría quedarse aún con 100 millones a día de hoy entre unos 8.000 afectados, en su mayoría ancianos sin recursos», explicó Domínguez en su comparecencia en la comisión del Congreso de los Diputados, presidida por Ana Oramás, de Coalición Canaria. La colocación de preferentes tuvo su punto álgido en 2009, con la emisión de 14.000 millones de euros del sistema bancario y otras entidades no financieras, como Repsol, SOS o Endesa. Todo valía para obtener financiación, incluso con un producto que rentaba tan solo un tercio de lo que estipulaba en otros mercados. El interés era de tan solo el 3,5% en algunos casos, mientras que en Reino Unido se llegaba a pagar un 14%, un nivel más aceptable teniendo en cuenta el altísimo riesgo de esta deuda perpetua, sin derecho a voto y que tan solo daba la opción de cobrar antes que los acreedores en caso de quiebra.
En definitiva, una estafa orquestada más por su método de comercialización. Las grandes cúpulas exigían objetivos muy ambiciosos y los comerciales no tenían más remedio que cumplirlos, ya que en caso contrario podrían poner en riesgo su puesto de trabajo o ver rebajado su salario debido a las comisiones.
Domínguez es un experto compareciente, ya tuvo que explicarse ante los eurodiputados en el Parlamento Europeo hace cuatro años, para denunciar esta estafa y abuso cometido por las financieras. Asimismo, el Estado tampoco les facilitó una solución, que sí han encontrado en los tribunales, con la inmensa mayoría de sentencias favorables. El portavoz de la coordinadora de afectados por las preferentes quiso dejarlo claro: «No puedo decir un 100% porque creo que hemos perdido un caso».
Entre 2003 y 2011, las cajas gallegas, el germen de Abanca, endosaron 1.832 millones en participaciones preferentes a 116.000 afectados, casi el triple de las cifras estimadas en un primer momento. En 2012, se habló de cerca de 43.000 afectados. De media, unos 15.700 euros por afectado, que no eran otros que ancianos, en su mayoría jubilados, sin recursos y que llegaron a falsificarles la firma para poder endosarles este peligroso producto.
Estos estafados, a juicio de Domínguez, lo fueron por partida doble. Y es que, pagaron dos veces: «Como ciudadanos y por decreto como ahorradores». El portavoz también criticó la falta de supervisión en el arbitraje ideado por el Gobierno para restituir el dinero. No hubo supervisión alguna por parte de ningún organismo público para dar cumplimiento al resarcimiento de los afectados. «Arbitraje, ultraje».
El problema de las preferentes radicaba precisamente en el nombre que adoptaron en España. En inglés se denominan «preferred shares» y son títulos que no dan derecho nada más a cobrar primero en caso de quiebra. Con esta definición su colocación en España sería muy complicada, por lo que se quedaron únicamente como «preferentes». Asimismo, tampoco estaban respaldados por el Gobierno, ni por el propio banco, que podía o no devolver la inversión una vez terminado el plazo, que fijaba cada entidad financiera. El plazo estimado era perpetuo, tan sólo se ingresaban los intereses, muy bajos en comparación con lo que se pagaban en otros mercados.
En el caso de España, si una entidad, como ocurrió, quebraba, el tenedor de estas preferentes lo perdía todo si el dinero procedía de una caja de ahorros. Ni siquiera tenía derecho a percibir los 100.000 primeros euros del fondo de garantía de depósitos, que sí respalda a cuentas corrientes.
De los miles de ejemplos de estafados, el de Domitila Vicente fue uno de los más sonados en las protestas por las preferentes. Vicente, de 82 años y con andador, fue multada por saltarse una valla. La anciana tuvo que pedir ante el juez que le retiraran la multa tras ser considerada culpable de entrar en el Ayuntamiento de O Rosal en 2013 saltando la barrera pese a su osteoporosis y reumatismo. Otro de los casos fue el de Fernando Asensio, quien utilizaba un taburete para desplazarse.
Para la comercialización, los trabajadores del banco tan solo seguían las órdenes para tratar de cubrir su objetivo. Las sentencias judiciales muestran como personas que habían invertido 10.000, 30.000 y 40.000 euros en preferentes eran jubilados, de edad avanzada, sin estudios y con nulo conocimiento de economía de mercado. Los comerciales hicieron valer entonces su posición de confianza para endosarles estos productos, cambiando así los contratos que tenían, y en algunos casos hasta falsificando la firma.
Las palabras de los comerciales, según denuncian, fueron: las preferentes son «mucho más rentables» o que eran productos similares a un depósito a plazo fijo. Nada más lejos de la realidad.