Abertis lleva a Argentina a la Corte de Arbitraje Internacional 

Las compañías que administran las dos mayores autopistas de peaje de acceso a Buenos Aires, cuyo principal accionista es el grupo español Abertis, empresa participada por ACS y Atlantia, han acudido a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional para defender sus contratos de concesión, que el Gobierno argentino pide anular.

En sendos comunicados, Autopistas del Sol (Ausol) y el Grupo Concesionario del Oeste (GCO) han informado este jueves a la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina y a Bolsas y Mercados Argentinos de su presentación ante la Cámara de Comercio Internacional, conforme al mecanismo de resolución de controversias contemplado en el acuerdo con el Ejecutivo.

El motivo de haber recurrido a la citada Corte es la demanda presentada por la Dirección Nacional de Vialidad contra de Ausol, y que, «en breve», se formalizará también contra GCO, con el objetivo de solicitar la «nulidad» de los contratos de concesión renegociados en 2018, durante el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019).

«La presentación realizada por Ausol/GCO tiene por objeto que la controversia suscitada en relación con el Acuerdo Integral -como se conoce al contrato de concesión- sea resuelta de conformidad con el mecanismo contractualmente establecido y el marco jurídico aplicable», han indicado las compañías en los comunicados.

Ambas firmas han subrayado que los contratos de concesión son «plenamente legítimos» y han reiterado que fueron aprobados por las «máximas autoridades» del Estado nacional, «siendo el resultado de un proceso de renegociación que se extendió por dieciséis años».

«Por lo expuesto, reiteramos que Ausol/GCO realizarán todas las presentaciones necesarias para la defensa de sus derechos y los de sus accionistas», han advertido las empresas, que han afirmado que cumplieron «todas las instancias de control establecidas» durante la renegociación de los contratos de concesión.

LA POSICIÓN DEL GOBIERNO

Tras un proceso de auditoría de dos años, el Gobierno argentino anunció el mes pasado su decisión de iniciar una acción judicial para solicitar la nulidad de los contratos de concesión de estas autopistas.

El Ejecutivo de Alberto Fernández alega que, en el marco de las renegociaciones de dichos contratos, el Gobierno de Macri reconoció «sin ninguna justificación» una deuda bruta a favor de las empresas por 813,1 millones de dólares (540,2 millones de dólares en el caso de Ausol y 272,6 millones en el de GCO), que con los intereses ascendía a 1.161,3 millones de dólares.

También cuestiona que se «dolarizó» los contratos que antes estaban en pesos y se fijó un aumento del 8 % anual en las tarifas de los peajes, otorgando una «rentabilidad extraordinaria» a las compañías.

Además, objeta que se hayan prorrogado de «manera arbitraria» hasta 2030 las concesiones que iban a caducar en 2020.

Ausol está participada por Abertis (31,59 %), la firma italiana Webuild (19,82 %) y la argentina Natal Inversiones (14,12 %), mientras que el resto de las acciones está bajo oferta pública.

GCO está integrada por Autopistas Concesionaria Española (Acesa, empresa del grupo español Abertis, con el 42,87 % de las acciones), el grupo malayo IJM (20,10 %) y el fideicomiso Supervene I (5,73 %), mientras que el resto de las acciones cotizan en la Bolsa de Buenos Aires.