Absuelta la mujer y dos hijos del expresidente de Pescanova acusados de blanqueo

La Audiencia Nacional ha absuelto a la mujer del expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa y a dos de sus hijos de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública, tras considerar que los 2,6 millones de euros que ocultaron en Andorra no procedían de actividades ilegales.

El fallo, conocido este viernes, corresponde a una pieza separada del llamado «caso Pescanova», procedimiento que investiga el supuesto entramado montado por su cúpula directiva antes de 2013 -con Sousa a la cabeza- para ocultar una deuda superior a los 3.500 millones de euros y engañar así a inversores, acreedores y organismos reguladores.

La sentencia de la Audiencia Nacional, conocida este viernes, es contraria a la tesis defendida por la Fiscalía, que pedía para Rosario Andrade -la mujer del expresidente de Pescanova- siete años de prisión y para Pablo Javier e Ignacio José Fernández -sus hijos- seis años de cárcel.

Las cuentas en el banco andorrano Andbank sólo salieron a la luz tras una comisión rogatoria pedida en 2016 a las autoridades de ese país, y hasta entonces «permanecieron ocultas a Hacienda y a la jurisdicción española».

El tribunal precisa que «se desconoce con exactitud» el origen de estos fondos, pero descartan que procedieran de Pescanova o alguna de sus filiales.

En este sentido, apuntan que Rosario Andrade obtuvo «cuantiosos ingresos» con la cría y reproducción de caballos y sus hijos ganaron «importantes cantidades de dinero» en competiciones ecuestres como posible origen de estos fondos.

La sentencia destaca que las pruebas obtenidas en la investigación demuestran «que el dinero no procede» de actividades criminales y podría provenir en realidad «de actividades lucrativas» relacionadas con el mundo de la hípica, por lo que no existe delito de blanqueo.

Además, tampoco se observa delito fiscal con consecuencias penales, ya que los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigor en 2013 de una nueva normativa tributaria en España que, además, ha sido criticada por la Comisión Europea por su desproporcionalidad y será examinada por el Tribunal de Justicia de la UE, según recuerdan los jueces en el documento.

No obstante, recuerda que -aunque no exista delito- en estos casos Hacienda puede continuar «las actuaciones o procedimientos correspondientes» y aprobar «expedientes sancionadores» por las irregularidades detectadas.