Acciona reclama a la Generalitat de Torra más de 1.000 millones de euros

El Gobierno catalán considera «desproporcionada» la cifra de 1.036 millones de euros que Acciona y sus socios en la concesionaria Aigües Ter Llobregat (ATLL) reclaman a la Generalitat por la liquidación del contrato de adjudicación de la gestión de esta empresa pública.

En una comunicación a la CNMV, Acciona asegura que la compensación total adeudada por la Generalitat ascendería aproximadamente a 1.074 millones, pero que unos 38 millones corresponden a «la deducción de las provisiones por liquidación ordinaria del contrato», por lo que la cifra de referencia son esos 1.036 millones.

«No nos inquietan las informaciones que Acciona filtra en la defensa de sus intereses», ha asegurado hoy el secretario general del departamento de Territorio y Sostenibilidad, Ferran Falcó, que ha remarcado que «las cifras que reclama (la empresa) son desproporcionadas, no se ajustan a la sentencia y no tienen en cuenta que el contrato ha sido declarado nulo».

Fuentes de la consejería que dirige Damià Calvet han recordado que hace unos meses la Generalitat creó una comisión liquidadora del contrato de ATLL que se encargará de determinar «de forma objetiva» la compensación que corresponde a Acciona y sus socios.

Esta comisión, integrada por los departamentos de Territorio y Vicepresidencia y Economía, el Gabinete Jurídico de la Generalitat y la Agencia Catalana del Agua (ACA), está elaborando un informe en el que se evalúan los aspectos jurídicos y económicos de la liquidación del contrato.

«En las próximas semanas, la comisión fijará la cuantía que corresponda por la liquidación del contrato y la comunicará a Acciona», han subrayado desde Territorio y Sostenibilidad.

La privatización de la gestión de ATLL sirvió en 2012 a la Generalitat presidida entonoces por Artur Mas para reducir el déficit de ese año en unos 1.000 millones de euros, y como el TSJC declaró nulo ese procedimiento ahora debe decidirse además a qué ejercicio se imputan esos 1.000 millones, un problema contable para el Gobierno presidido por Quim Torra, que está elaborando sus presupuestos para 2019.