Accionista del Popular: «Compré más acciones tras las palabras de Guindos, ahora no existen»

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios demandan al consejo de administración presidido por Emilio Saracho y al accionista Antonio del Valle.

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) han presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la creación de una plataforma de accionistas afectados por la caída del Banco Popular y su venta por un euro a Banco Santander anunciada este pasado miércoles.

Dicha plataforma aglutina a 385 accionistas, pequeños ahorradores, que representan un 3,5% de la propiedad del banco, algunos de ellos del sindicato de accionistas del Popular.

La denuncia presentada este mismo jueves en la Audiencia Nacional pide que se investigue la manipulación del precios de la acción desde hace varios meses, que ha acabado con la disolución de la entidad. «Las formas llevadas a cabo no tienen precedentes, estamos ante un hecho de incautación», ha manifestado Javier Cremades, secretario general de AEMEC y socio y abogado de Cremades & Calvo-Sotelo.

También han dirigido la denuncia contra lo que consideran una dirección temeraria, ya que desde la última Junta General, con declaraciones desde la propia junta y manejos de los intereses del banco, se ha ido generando miedo entre los inversores y pánico entre la clientela.

«Estamos orgullosos de que no se haya usado dinero público, de los contribuyentes, pero no podemos tolerar un procedimiento oscuro que perjudique a 300.000 accionistas, hasta hace unas horas dueños del banco», ha afirmado Cremades.

Se abre una posible actuación penal sobre la gestión de Popular a la que acompañarán denuncias por las vías civil, mercantil y administrativa.

La denuncia, han explicado desde Cremades & Calvo-Sotelo, pretende que sea la Fiscalía quien investigue los hechos y sí nombra directamente la sospechosa relación entre JP Morgan y el Popular y  señala directamente como potenciales responsables al hasta ahora presidente de Popular, Emilio Saracho, y al grupo empresarial mexicano de la familia Del Valle. Sin embargo, está dirigida a los responsables, «en plural» ya que deja en manos de la justicia la investigación de los culpables de la desaparición del Popular.

La denuncia incluirá asimismo los comunicados remitidos por el Banco Popular a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en los que se negaba que existiera «riesgo de quiebra» sin despejar las incógnitas sobre el grupo. Otra prueba utilizada será el discurso de Saracho en la última Junta de Accionistas, donde se abocaba el banco a una operación corporativa con otra entidad o a realizar una nueva ampliación de capital.

Un segundo frente será un recurso administrativo ante el FROB, que ha ejecutado siguiendo instrucciones del Mecanismo Único de Resolución (MUR) europeo la intervención de la entidad al encontrarse «próxima a la quiebra».

Hace semanas, ya se denunció las estrategias que se estaban llevado a cabo en el Consejo del banco ante la CNMV, así como la sospechosa relación del Popular con JP Morgan. Ante estas denuncias al regulador bursátil no se ha obtenido respuesta, únicamente que ‘se estaba investigando’.

“Exigimos responsabilidad a los actuales gestores del banco y por otra parte a los reguladores europeos que han tomado la decisión de intervención y la han llevado a cabo” ha explicado Alberto Ruiz Ojeda, socio del bufete.

Los accionistas, sin nada

33 accionistas del Banco Popular, de los cerca de 300.000 que han perdido sus acciones de la noche a la mañana, han estado presentes en la convocatoria.

Uno de ellos, Julio del Pie, que ha perdido 160.000 acciones, ha explicado que compró acciones del Popular en septiembre de 2016 tras estudiar los balances positivos de la entidad, auditados y los tests de estrés. «No me quejo de que las acciones bajaran, existe el riesgo, me quejo porque lo hacían tras comunicados de organismos oficiales».

Así, ha explicado con pruebas, que la ante un titular del diario El Confidencial, que CNMV declaró ‘el Popular está quebrado’, «¿Cómo puede la CNMV utilizar la palabra quebrado?», se ha preguntado Julio. Esa misma noche el Popular emite un comunicado en el que lo desmentía categóricamente e incluso que el patrimonio neto del banco ascendía a 10.777 millones de euros y la ratio de capital total se situaba en 11,91%, por encima de las exigencias regulatorias.

Las acciones de Popular cerraron con una caída del 6,64%, en medio de informaciones de prensa que aseguraban que la entidad estaba ya en riesgo de quiebra.

El 16 de mayo, el Ministro de Economía Luis de Guindos ratificó y garantizó la solvencia del Popular y los accionistas decidirán su futuro. ‘Sin comentarios’, ha manifestado.

«En ningún caso queremos los accionistas que esto lo rescaten los españoles o Europa, pero sí que lo pague quien ha quitado al banco su patrimonio, y me gustaría saber cuál es la situación patrimonial del banco, como accionistas, porque entiendo que de un año para otro es imposible que quiebre», ha expresado, y ha denunciado que «no ha habido voluntad política de salvarlo, queda muy bien decir que no se ha usado dinero público».

«Yo siempre he sido consciente de que perdía dinero, pero es mi riesgo, el mercado sube y baja, es un juego del mercado y he aguantado, pero no podía imaginar que desaparecieran a coste cero», ha reconocido.

«Liquidez no es lo mismo que solvencia»

Asimismo, se ha preguntado ante el asentimiento del resto de accionistas, que cómo es posible que el banco más solvente del mundo hace siete años ahora no exista, «liquidez no es lo mismo que solvencia«, ha afirmado.

Otro de los accionistas, que ha preferido mantenerse en el anonimato, abogado e inversor del Popular desde octubre de 2016, ha reconocido que tras las palabras de Luis de Guindos asegurando que el banco era solvente, compró más acciones apoyado, asimismo, en la superación, por parte de la entidad, de los tests de estrés y la vigilancia de la CNMV. «Había riesgo, pero no lo que vivimos ayer, es inexplicable, y aún no hemos recibido ninguna notificación».

«Lo que queremos son explicaciones porque además de accionista, también somos contribuyentes», ha pedido, y ha recordado la propuesta del BBVA el pasado mes de octubre de 2016, que ofreció 1,35 euros por acción, «¿Por qué se dijo que no?, 8 meses después vale cero, qué interés había dentro del Consejo, fuera y en el ámbito político, hay que investigarlo», ha finalizado.