Activistas asaltan un Mercadona y etiquetan en catalán los 'productos discriminatorios'

La «Plataforma per la Llengua» ha llevado a cabo “una acción para reivindicar el etiquetado en catalán en un supermercado de la cadena Mercadona en Sant Cugat”.
El motivo que les ha llevado a tales actos de vandalismo es “para protestar contra la persistente negativa de muchos distribuidores de bienes y servicios de cumplir con las obligaciones establecidas por el Código de consumo de Cataluña, que protege los derechos lingüísticos de los consumidores catalanes”.
En torno a quince activistas de “la ONG del catalán” han enganchado adhesivos a seis productos de la marca de la cadena “con la información de consumo obligatoria traducida al catalán, información que estos productos sólo ofrecían en castellano, un hecho que contradice la legislación, según recogen desde E-Notícies.com
“Los voluntarios han entrado en el establecimiento y, tranquilamente, deben pegar adhesivos a los productos ante la mirada de compradores y trabajadores, que algunos se mostraban sorprendidos. ‘El que pone es exactamente el mismo que en el envase, pero en catalán’, comentaban los trabajadores”, explican.

«Los consumidores tienen el derecho de recibir las informaciones, el etiquetado y el embalaje de los productos de consumo en lengua catalana»

Además,  recuerdan que “muchos distribuidores, como Mercadona, infringen de manera continuada los artículos 128-1 y 211-5 de la Ley 22/2010 del Código de Consumo de Catalunya, que señalan que los consumidores tienen el derecho de recibir las informaciones, el etiquetado y el embalaje de los productos de consumo en lengua catalana”.
“La infracción se detecta especialmente en las marcas propias de cadenas como Carrefour, Lidl, Dia, Alcampo, Aldi, Co-alimento, Hipercor y Supermercados El Corte Inglés, Keisy, Spar, Suma y la misma Mercadona. El Código de consumo, junto con la Ley de Normalización lingüística, son las únicas dos normativas que en el ámbito del etiquetado preservan para los catalanohablantes unos derechos similares a los de los castellanohablantes, protegidos en cantidad suficiente para más de 160 normas impositivas del castellano”, indican.
Maestros también ha hecho un llamamiento para que “la Agencia Catalana de Consumo supervise que la norma se cumple y apeló a la necesidad de que los catalanohablantes tomen conciencia de sus derechos y los defiendan, evitando consumir productos discriminatorios”.