Adamuz: Aitat protege a Adif y retrasa la investigación del accidente por encima del plazo legal de 12 meses

Empresas 16/10/2026

La investigación técnica del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, no podrá concluirse dentro del plazo legal de doce meses inicialmente previsto y superará el año de duración debido a su «carácter excepcionalmente complejo». Para la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, es algo ‘inconcebible e inadmisible» y rechazan ese argumento de ‘complejidad’ y simplemente creen que se debe a la escasez de personal asignado al caso, porque la «Aitat no quiere crucificar a Adif».

Así se lo ha notificado formalmente la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (Aitat) a la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, un retraso que el presidente del colectivo ha calificado de «inadmisible».

En un escrito oficial fechado el 5 de octubre y firmado por el presidente de la Aitat, Gonzalo Julián Guillén, al que ha tenido acceso EFE, la entidad argumenta que la indagación atraviesa una «fase de análisis técnico» de «carácter excepcionalmente complejo, uno de los más complejos al que los investigadores se han enfrentado».

La Aitat señala que la coordinación judicial ha requerido trámites específicos para formalizar los encargos de laboratorio, si bien aclara que estos procedimientos «no han supuesto la paralización de las actuaciones restantes».

Ante este escenario, el organismo, constituido el pasado 15 de julio de 2026, prevé acordar formalmente la ampliación del plazo legal y publicar un informe provisional en el que se detallarán los avances técnicos y los problemas de seguridad detectados.

Las victimas de Adamuz rechazan el argumento de ‘complejidad’ de Aitat y culpan del retraso de la investigación a sus escasos recursos

En declaraciones a EFE el presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha calificado la posibilidad de que las pesquisas se dilaten más de un año sin una fecha de finalización concreta como «algo inconcebible e inadmisible».

Samper ha atribuido esta realidad a la escasez de personal asignado al caso, que, según ha recordado, ha quedado denunciada por los propios técnicos.

«La investigación comenzó con tres investigadores y continúa con tres, e incluso ha habido meses en los que solo ha habido dos», ha criticado el portavoz, quien ha reprochado que estas reclamaciones no hayan quedado atendidas tanto por el anterior responsable de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) como por la directiva de la recién creada Aitat.

Otro de los puntos referidos en la carta es el de la emisión de recomendaciones de seguridad. La Aitat ha precisado a la asociación que, tras el seguimiento realizado por su Consejo, no se ha emitido hasta la fecha ninguna recomendación inmediata, aunque remarca que esta circunstancia «no prejuzga el resultado de los análisis posteriores» ni impide que se formulen dictámenes antes de la conclusión del informe final.

Aitat porque no quiere crucificar a Adif

Sin embargo, Samper ha rechazado este criterio y sostiene que las propuestas preventivas ya quedaron apuntadas meses atrás por el anterior responsable de las indagaciones, Iñaki Barrón, antes de su salida: «Esas recomendaciones existen, se conocen, se sabe de ellas y hay necesidad de implementarlas, pero no se hacen porque no salen desde la Aitat porque no quieren crucificar a Adif», ha denunciado.

Samper ha censurado la falta de actuación preventiva por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), que argumenta no haber recibido los avisos oficiales: «Hay una carencia de seguridad en el ferrocarril ahora mismo que la dicen los investigadores y todos los técnicos en la materia. Es un poco indignante», ha concluido.

Por su parte, la Presidencia de la Aitat ha reafirmado su compromiso con el «máximo rigor, diligencia, transparencia e independencia», subrayando que propondrá al Consejo la asistencia con voz pero sin voto de representantes de las víctimas a las reuniones del organismo donde se abordan estas actuaciones. 

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