Agricultura, en plena crisis del coronavirus y con el sector trabajando a pleno rendimiento, saca a consulta el borrador de la ley de la cadena alimentaria

El Gobierno ha sacado, en pleno estado de alarma, con las empresas no esenciales cerradas por la crisis del coronavirus y con el sector de alimentación y bebidas, el más afectado con esa ley, trabajando a pleno rendimiento, a consulta pública la reforma de la «Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria», una normativa que ya experimentó cambios recientemente para afrontar la crisis del campo y que afronta ahora una reforma «de calado».

En un comunicado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha explicado este miércoles que también se va a adaptar la legislación vigente para transponer la Directiva comunitaria relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

Desde el departamento liderado por Luis Planas han recordado que la modificación de la Ley de la Cadena se produce en dos fases: la primera fue a través de un decreto ley del pasado 25 de febrero, cuando se modificaron de forma urgente «aquellos aspectos que no podían esperar a la tramitación de una reforma legislativa ordinaria».

Con los agricultores en la calle protagonizando protestas durante varias semanas consecutivas por la crisis del sector -afectado por bajada de precios, guerras comerciales, aumento de costes, etc.-, el Ejecutivo optó por introducir en la norma ajustes dirigidos a otorgar una mayor protección a este primer eslabón de la cadena.

Concretamente, una de las claves pasa por intentar eliminar la venta a pérdida obligando a que el precio a pagar no sea nunca inferior al coste de producción, cuyo cálculo se basará en una serie de baremos oficiales.

Además, se prohibieron las «promociones de carácter engañoso» de cara al consumidor y se calificó como «falta grave y muy grave» que no haya contratos escritos a la hora de ejecutar una venta entre los eslabones del sector, entre otras medidas.

En una segunda fase, una vez aprobados esos cambios urgentes, llega el momento de someter a consulta pública el anteproyecto de una ley aprobada en agosto de 2013 y de la que todos los gobiernos desde entonces -independientemente del signo político- han destacado su utilidad para el sector.

El Ministerio ha resaltado que esta normativa «ha contribuido a aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y a reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores», y ha animado a ciudadanos, organizaciones y asociaciones a participar en su modificación con sus contribuciones.