El grupo parlamentario del PSOE en el Senado exige la investigación y explicaciones inmediatas ante la filtración a medios de material declarado reservado en la comisión de investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones del 28 de abril de 2025. En esos audios se revela como un operador de Red Eléctrica advierte de problemas en el sistema por falta de energía nuclear.
Parece que a los socialistas, en otro de esos ejercicios de transparencia donde aseguran que «llegarán hasta el final, caiga quien caiga», como en el accidente de 46 muertos de Adamuz, Córdoba, les preocupa más esa filtración que saber realmente que es lo que ocurrió el 28-A y la responsabilidad que tuvo Redeia, su filial Red Eléctrica, y su presidenta, la exministra de Vivienda de Zapatero, Beatriz Corredor, en el cero energético que afectó tanto a España como a Portugal.
Los socialistas, según explican en un comunicado, registraron ayer un escrito dirigido al presidente de la comisión, el popular Francisco Javier Márquez, en el que denuncian la «quiebra evidente del deber de confidencialidad» tras la publicación de transcripciones literales de audios incorporados al expediente parlamentario y protegidos bajo un estricto régimen de reserva.
Esta filtración, apuntan los socialistas, tuvo un efecto directo en la comparecencia del pasado miércoles 25 de marzo de la presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor.
El grupo socialista subraya también que la difusión de esta información ha tenido un impacto directo en el debate público, lo que hace «aún más urgente esclarecer los hechos para preservar la neutralidad institucional».
El PSOE se aferra al término «reservado» en otro ejercicio de transparencia para que los españoles no sepan realmente que ocurrió el 28-A
El PSOE recuerda que dicha documentación, remitida por Iberdrola y relativa a comunicaciones con Red Eléctrica de España, qudó clasificada como reservada por acuerdo de la mesa de la comisión, estableciéndose un protocolo reforzado de custodia que incluía acceso restringido, control presencial, retirada de dispositivos electrónicos y almacenamiento seguro en dependencias del Senado.
Desde el grupo socialista señalan que estamos ante unos hechos «de extrema gravedad que no solo vulneran el funcionamiento interno de la comisión, sino que pueden suponer un incumplimiento de los deberes legales de custodia y confidencialidad exigibles a los responsables públicos».
En este sentido, advierten de que la revelación de información reservada podría conllevar responsabilidades disciplinarias, políticas e incluso penales, en el marco de los delitos relacionados con la revelación de secretos por parte de autoridades o funcionarios públicos.
Los socialistas han solicitado un informe detallado sobre las circunstancias de la filtración, el circuito de custodia de la documentación y las posibles brechas de seguridad.
Asimismo, han pedido información sobre si los hechos han sido trasladados a los servicios jurídicos del Senado u otras autoridades competentes.
También han solicitado la apertura inmediata de una investigación interna para determinar el origen de la filtración y depurar responsabilidades, así como la adopción urgente de medidas para reforzar los protocolos de confidencialidad y una valoración institucional expresa sobre la gravedad de lo ocurrido.
El PSOE advierte de que, en función de las explicaciones que se reciban, se reserva el derecho a emprender cuantas acciones parlamentarias y legales resulten oportunas.
