Amnistía Internacional ha recomendado a los accionistas CAF, compañía vasca que participa en el proyecto del tren ligero de Jerusalén, que hagan «una desinversión responsable», mientras que a las empresas auditoras y las agencias de calificación crediticia les insta a realizar «una revisión de los criterios que afectan a esta firma». CAF es una empresa cotizada en la Bolsa española, pero en realidad está controlada por el Gobierno vasco del PNV y la marca blanca del PSOE, el PSE. Entre las entidades públicas vascas, BBK, KutxaBank e Instituto Vasco de Finanzas, el Ejecutivo de Pradales tiene bajo su mando más del 26% del capital. El segundo accionista es Cartera Social, con el 24,973%, que aglutina las participaciones de los trabajadores del fabricante vasco de trenes.
Los accionistas de referencia de CAF registrados en la CNMV
En vísperas de la Junta de Accionistas de CAF, que se celebrará este sábado en Beasain (Gipuzkoa), Aministía Internacional ha reiterado sus peticiones para que la multinacional «suspenda de inmediato la provisión de productos y servicios» al tren ligero de Jerusalén, «que conecta el territorio israelí con asentamientos ilegales en territorio palestino ocupado».
Le reclama además que no opte a ningún otro contrato público «que pueda contribuir a la ocupación ilegal de territorio palestino por parte de Israel».
Amnistía Internacional amenaza con boicotear la junta del fabricante vasco de trenes si no se retira del proyecto del tren ligero de Jerusalen
La ONG ha presentado un documento, titulado «Cinco afirmaciones corporativas que desoyen el derecho internacional y los derechos humanos», en el que «refuta las afirmaciones contenidas en un reciente informe corporativo de CAF en torno a la neutralidad del proyecto, los derechos humanos de la población palestina, sus obligaciones internacionales y la necesidad de transparencia, así como el menosprecio de las investigaciones de la ONU».
A los inversores, les pide que, además de proceder «a una desinversión responsable» si CAF no se retira del proyecto, que voten contra la aprobación del informe anual y del de información no financiera de la compañía.
A las empresas auditoras, les aconseja que realicen «una revisión exhaustiva del contenido del informe, a fin de evaluar su adecuación a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y debida diligencia empresarial».
Y a las agencias de calificación crediticia, que revisen la calificación otorgada a CAF, «valorando el impacto potencial de los riesgos asociados en materia de derechos humanos, cumplimiento normativo y sostenibilidad».
