La AN conmuta la prisión del expresidente de PWC por 4 millones

La Audiencia Nacional ha ratificado hoy el acuerdo de conformidad entre la Fiscalía Anticorrupción y cuatro miembros de la excúpula de PwC, entre los que se encuentra su expresidente Miguel Fernández de Pinedo, a quien conmuta la pena de dos años de prisión por una multa de 3,9 millones de euros.

En la sentencia conocida hoy, el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, condena a los que eran responsables de la empresa en 2002, momento en el que se produjeron unos hechos que causaron un perjuicio a la Hacienda Pública de 17,15 millones.

Junto a Fernández de Pinedo, también figuran el ex administrador solidario de PwC Consulting José María Tajadura, que deberá abonar 2,5 millones, así como el ex socio responsable de la división legal César Rodríguez Ramos y el ex máximo responsable de los servicios fiscales de Landwell Miguel Cruz Amorós, que pagarán 1,8 millones y 550.000 euros respectivamente.

Como reconoció Anticorrupción, el abono de 38 millones efectuado por PwC en concepto de responsabilidades civiles ha sido «determinante» para flexibilizar la petición inicial de entre dos y 14 años y diez meses de prisión, al considerar reparado el daño.

Asimismo, el juez Vázquez Honrubia destaca en su escrito la existencia de otro atenuante, dado que en varios delitos juzgados no queda constancia de que existiese la figura del administrador.

De acuerdo con el fallo, los cuatro incurrieron en una reestructuración ficticia con la venta de la consultora de sistemas a IBM en 2002, una operación cuya finalidad fue la de acogerse a las ventajas fiscales previstas en el Impuesto de Sociedades.

Según el magistrado, las conductas juzgadas se refieren «a distintas operaciones llevadas a cabo por los acusados en el seno de las sociedades de la red PwC en España con la finalidad de omitir los ingresos debidos a la Hacienda Pública derivados de las mismas».

Por todo ello, la sentencia considera que los exsocios deberían de haber tributado el bonus de 21 millones recibido como rendimientos del trabajo y no como parte del precio de venta de la división de consultoría a IBM, con lo que se beneficiaron de descuentos fiscales denunciados por la Fiscalía en su escrito de acusación.

La decisión, dictada en firme ya que ninguna de las partes expresó su voluntad de recurrir en el momento del acto de conformidad, se basa en informes de la Agencia Tributaria en los que aparece constancia de tales delitos.

En la causa figuraban como investigados otros 41 antiguos socios de la compañía contra quienes la Anticorrupción retiró los cargos, eximiéndoles de condena alguna en relación a un proceso iniciado hace 14 años. E