Anchorage y Algebris piden a la AN que investigue la financiación irregular del Popular por Thesan Capital

Dos de los fondos de inversión estadounidenses afectados por la resolución del Popular (Anchorage y Algebris) han solicitado a la Audiencia Nacional que investigue la posible financiación irregular de la entidad en Luxemburgo mediante sociedades pantalla gestionadas a través de Thesan Capital, el fondo de inversión relacionado con Ignacio López del Hierro, marido de Mará Dolores de Cospedal, exsecrtaria general del PP.

Exentis es otro de los casos abiertos de Thesan Capital con la Justicia española. Las oscuras relaciones y extrañas operaciones de Ezentis comenzaron en el año 2011 con la compra de Sedesa, una constructora de la familia Cotino. Hasta es año y desde 2008 la relación con Nomura había sido normal en la antigua Avanzit, cuyos orígenes se remonta a Radiotrónica, una empresa que llegó a formar parte del Ibex 35. Nomura entró en Ezentis con el fondo TSS Luxembourg,  que se hizo con una participación considerable en la española. Javier Tallada, la cara siempre visible de Avanzit, cedió sus derechos de voto a los representantes del banco de inversión japonés, con Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP,  en la presidencia de Thesan Capital. La relación no fue del todo bien y desembocó en la ruptura del pacto de sindicación el 4 de diciembre de 2011. Tallada apuntó a que ese pacto se rompía “por una grandísima estafa como fue la compra por parte de Ezentis de Sedesa, la inmobiliaria constructora valenciana implicada en el caso Gürtel, que siete meses después quebró. Ezentis pago por ella 30 millones de euros pero, según la denuncia, terminó costando a sus accionistas 200 millones de euros mientras la familia Cotino se lucró con esa operación.

Esa denuncia llegó a los tribunales. Pero ha tardado su tiempo, más de lo que ya es habitual en la lento funcionamiento de los tribunales españoles. Un año después de que el Ministerio Fiscal instara al Juzgado número 54 de Madrid a iniciar el proceso para aclarar si hubo un delito en la venta de Sedesa, constructora de la familia Cotino, a Ezentis, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incoado diligencias informativas tras la denuncia recibida por los hechos ocurridos en dicho juzgado y ante los indicios de que se “ha producido una dilación injustificada de dos años en la instrucción” del caso.

El CGPJ sólo toma dicha medida cuando, tras haber realizado una primera valoración basada en las alegaciones del propio juez y del secretario judicial, “se considera que sí hay materia disciplinaria”. Las mismas fuentes puntualizan que las diligencias informativas son la fase previa a la apertura de expediente disciplinario, el cual puede derivar en sanciones menores, como una advertencia o multa, o hasta en la expulsión de la carrera judicial.

La irrupción del CGPJ en este caso comienza, tras años de litigio, a dar la razón a los procesos abiertos por dos grupos de minoritarios de Ezentis, uno formado por el propio Javier Tallada, exaccionista de referencia de la compañía, y otro encabezado por Luis Miguel Medina de la Heras y conformado por más de medio centenar de accionistas. El Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid lleva dos años y medio sin incoar ninguna de las diligencias solicitadas por las acusaciones y sin imputar a ninguna de las personas denunciadas, una dilación que abre la puerta a que los delitos denunciados terminen prescribiendo, apuntan desde elConfidencialcom.

De hecho, cuando en 2014 acordó instruir diligencias previas, evitó citar a nadie como imputado, alegando que iba a requerir la colaboración de la administración de Ezentis, entonces presidida por Manuel García Durán, a la que solicitó una serie de informaciones que ya eran públicas, como el informe anual de Gobierno Corporativo de 2010, hechos relevantes publicados en la CNMV o el precio al que TSS Luxemburgo, fondo del banco Nomura, compró y vendió las acciones de Ezentis.

Posteriormente, trató de inhibirse y remitir el caso a Sevilla, alegando que fue allí donde se celebró la Junta General de Accionistas que aprobó la compra de Sedesa, ante lo que el Ministerio Fiscal concluyó, en febrero de 2015, que “los hechos que pudieran determinar la existencia de delito se concentran en las decisiones adoptadas en los Consejos de Administración” celebrados en Madrid, añade la información del citado diario digital. A pesar de ello, el Juzgado tardó cinco meses más en declarar su competencia. Una vez reactivado el proceso, y ante la presentación de una ampliación de la denuncia, en noviembre de 2015, el Juzgado 54 dictó “la práctica de las mismas diligencias ya acordadas un año y medio antes (…), prorrogando por enésima vez el necesario pronunciamiento”, cita el escrito remitido al CGPJ.

El caso es que la venta denunciada de Sedesa y la presunta estafa a los accionistas de Ezentis están ahora vinculadas con la trama que enlaza con Gürtel y Nummaria. La primera va dirigida a esclarecer el papel de la constructora de Cotino en la financiación ilegal del Partido Popular, mientras que la segunda tiene a Thesan Capital, fondo de inversión controlado por el banco japonés Nomura y que asesoraba la inversión de TSS en Ezentis, dentro de una red de sociedades creadas para evadir dinero.

Fue precisamente este vehículo, añade elconfidencial, dirigido por José Luis Macho, el que respaldó la compra de Sedesa por 30 millones de euros, mediante una amplación de capital consistente en la emisión de 35,29 millones de acciones a un precio de 0,85 euros por título, que suscribió en su totalidad Cotino mediante la aportación de todas las participaciones sociales de Asedes Capital, matriz del grupo Sedesa.