El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley para crear un registro «estatal, público y obligatorio» de los grupos de interés, medida incluida en el proyecto de ley de ‘lobbies’ que envió hace más de año y medio al Congreso y que está bloqueado por falta de apoyos parlamentarios. No hace falta recordar que los dos partidos que forman la coalición de Gobierno, PSOE-Sumar, perdieron las elecciones generales de 2023 (PSOE, 121 diputados, Sumar, 26 tras las deserciones, frente al PP, 137) y que desde entonces gobiernan con minoría parlamentaria, que muestra su incapacidad para sacar leyes adelante, lo que le lleva a abusar sin reparo de los reales decretos. Sánchez y los suyos han mostrado su incapacidad para sacar unos Presupuestos Generales en toda la legislatura. España tiene en 2026 las mismas cuentas publicas que en 2023.
El decreto ley entrará previsiblemente en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deber convalidarse en el plazo de un mes en el Congreso. Como otros muchos decretos leyes, este tampoco quedará aprobado por el Congreso, demostrando con esa derrota una vez mas la parálisis ejecutiva de un gobierno agonizante.
Según ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, el decreto, aprobado a propuesta de del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, crea un registro estatal de los grupos de interés, gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y regula su relación con el personal de la administración pública susceptible de recibir influencia.
Detalla además quiénes tienen consideración de grupos de interés, qué es la actividad de influencia y quiénes son susceptibles de recibirla.
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha mostrado de nuevo su incapacidad de negociación y no ha conseguido en año y medio que el Congreso apruebe su ley de lobbies
El pasado junio el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, llamó a todos los grupos parlamentarios a tramitar y aprobar la denominada ‘ley de lobbies’, un proyecto que reclama el sector para dar transparencia a su trabajo y evitar que una labor que consideran legítima quede confundida con la corrupción o el tráfico de influencias.
El bloqueo del proyecto regresó a primera página con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, entre otros delitos.
