Anticorrupción sobre Villarejo: Se trata de saber si las empresas contrataron a un funcionario público para sus intereses

A la Fiscalía Anticorrupción no le importa si el excomisario José Manuel Villarejo trabajó o no como espía para el CNI, sino que «lo que interesa» es si abusó de su condición de Policía y de los medios a los que tenía acceso gracias a ella para lucrarse llevando a cabo investigaciones privadas para empresas. En este caso están imputadas numerosas empresas del IBEX 35, pero las más afectadas son BBVA e Iberdrola.

BBVA tiene a su expresidente Francisco González y a la propia entidad como imputados, sin olvidar exdirectivos o directivos, como el director de Comunicación, que sigue en el cargo, Paul G Tobin. La acusación es por contratar al excomisario, entonces policía en activo, para investigar a Luis del Rivero, expresidente de Sacyr que intentó tomar el control del banco cuando estaba presidido por Francisco González y tras la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones generales en 2004. González llegó a Argentaria de la mano del PP en 1996 y luego, tras la fusión con el BBV que dio lugar al BBVA en el año 2000, se hizo con el control de la entidad bancaria.

En el caso de lberdrola, además de a la propia empresa, tiene imputado a su presidente actual, Ignacio Sánchez Galán, y también a numerosos directivos y exdirectivos. De hecho, la única imputación que se mantiene sobre un presidente de una empresa del IBEX 35 en activo es la de Sánchez Galán. Aunque tiene varios casos pendientes en relación a este caso, el más importante es la supuesta contratación de Villarejo para investigar y espiar a Florentino Pérez, presidente de ACS, el grupo constructor y de servicios que en el año 2005 se planteó la idea de hacerse con el control de la eléctrica.

Fuera del IBEX 35 están siendo investigadas compañías como Mutua Madrileña o el Grupo Planeta, propiedad de Atresmedia.

Así lo han manifestado los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas en la quinta jornada del primer juicio del caso Tándem en la Audiencia Nacional, en la que se han opuesto a la batería de nulidades planteadas por las defensas y han lanzado una férrea defensa a la investigación que comenzó hace ya cuatro años.

«No negamos que Villarejo sea espía o no sea espía. Lo que nos interesa es que, si lo hace, aprovecha esa función autorizada para lucrarse. Eso es lo que es absolutamente intolerable y reprochable (…) Ese rol de policía no es un rol que el fiscal niegue en ningún caso. Las brujas no existen. Como dicen los gallegos, haberlas ‘haylas’, pero busquénlas fuera de este procedimiento», ha indicado Serrano.

Esta es una idea que han querido dejar clara ambos fiscales en el juicio: da igual que Villarejo colaborase con el CNI o que tuviese o no empresas, sino que de lo que trata el juicio es de si se contrató a un funcionario público para «llevar a cabo investigaciones privadas, cobrando por ellas y sirviéndose de los medios a los que tenía acceso en su condición de policía, abusando de su condición de policía».

Durante unas cinco horas y media, Anticorrupción ha ido combatiendo los intentos de las defensas de anular el juicio: ni existe una investigación general o «teledirigida» contra Villarejo, ni está sometido a un juicio injusto, ni la Policía fue a «pescar» cualquier cosa contra los acusados en los registros, ni los delitos han prescrito.

El fiscal Serrano ha defendido que en el primer registro, en noviembre de 2017, «se dejaron agendas importantísimas porque no se buscaba todo; se buscaba lo que se buscaba», y ha aseverado que han tenido que «bajar a la mina» sin que «estallaran las cargas explosivas» en relación con la documentación que se ha excluido por afectar a la intimidad y secretos oficiales.

Su compañero, César de Rivas, ha dedicado el grueso de su intervención a desgranar el procedimiento seguido en cada uno de los registros para rechazar tajantemente que se haya producido ninguna ruptura en la cadena de custodia de efectos esenciales como las grabaciones que acumuló durante años Villarejo y cuya validez como prueba ha sido puesta en duda por las defensas.

Tampoco puede cuestionarse, en opinión de los fiscales, la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar estas tres piezas del caso Tándem, un asunto nuclear para diversos abogados que la Fiscalía ha solventado en apenas unos minutos dado que la Sala ya se pronunció al respecto.

De igual modo se ha mostrado tajante Anticorrupción al negar que haya «el más mínimo indicio de revelación de secretos» hacia ninguna acusación, en referencia, aunque sin explicitarlo, a Podemos y a la polémica en la que se vio envuelto el antiguo fiscal del caso, Ignacio Stampa, que acabó fuera de la causa y de Anticorrupción.

Podemos sigue en la investigación, pero ni Sánchez, ni Marlaska, ni Delgado ni Rajoy declararán en el juicio

Lo ha dicho quien fuese su compañero de investigación, Miguel Serrano, al oponerse a la petición de varias defensas de expulsar a Podemos como acusación, algo a lo que más tarde se ha opuesto también la abogada de la formación, Marta Flor Núñez, al entender que su presencia es «legítima y necesaria».

Y del mismo modo que el fiscal, Núñez ha negado cualquier connivencia entre el partido y la Fiscalía, que en «contadas ocasiones» han compartido criterio en el procedimiento.

Aparte de las cuestiones puramente técnicas, la Fiscalía se ha opuesto a la petición de Villarejo para que testifiquen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro Fernando Grande-Marlaska; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; o los expresidentes Mariano Rajoy y Felipe González.

Pero sí que se ha mostrado conforme a la testifical de la periodista Ana Rosa Quintana, pareja de uno de los empresarios acusados; del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; del exjefe del CNI Félix Sanz Roldán; o de la actual secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, entre otros.

También ha aceptado la testifical del exabogado de Podemos José Manuel Calvente en contra del criterio de la formación morada.

La Fiscalía no ha apoyado incorporar al juicio las agendas incautadas al excomisario, que son «piezas de convicción» que aunque contienen «cuestiones íntimas» que «no deben difundirse» también reflejan sus actividades como «policía y actividades paralelas».

En esta jornada, que se ha prolongado ocho horas y en la que no han faltado carraspeos de partes y algún que otro murmullo del tribunal a medida que iba avanzando la tarde y el cansancio de todos los presentes, han intervenido todas las acusaciones.

Algunas han cuestionado los «pseudoacuerdos» entre la Fiscalía y varios acusados sin contar con ellas, mientras que otras han criticado los intentos de las defensas de «torpedear la línea de flotación del procedimiento».

El tribunal, que debe ahora redactar el auto en respuesta a las cuestiones previas planteadas, ha anunciado que el juicio se retomará el 13 de diciembre.