Asalariados a la fuerza por decreto de urgencia desde el 12 de agosto

Todos los repartidores de plataformas digitales, los llamados ‘riders’, serán considerados asalariados el próximo 12 de agosto, según el decreto ley que garantiza sus derechos laborales publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con carácter de urgencia, que da un plazo de tres meses para su entrada en vigor. Muchos riders, sin embargo, no están de acuerdo y prefieren seguir en el régimen de autónomos y aseguran que el gobierno legisla sin conocer el sector y a dictado de los sindicatos de clase como UGT o CCOO.

La ley, aprobada el martes en el Consejo de Ministros, otorga a las plataformas digitales afectadas este periodo para aplicarla porque lo considera «necesario para posibilitar el conocimiento material de la norma y la adopción de las medidas necesarias para su aplicación».

La norma incluye un único artículo que modifica el Estatuto de los Trabajadores y dos disposiciones finales, una relativa al título competencial y otra sobre la entrada en vigor.

El artículo, por un lado, reconoce el derecho del comité de empresa a ser informado por la compañía de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

Por otro lado, introduce una nueva disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores sobre la presunción de laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía, cuando la empresa ejerce sus facultades de organización, dirección y control, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital.

El Gobierno justifica la urgencia en este decreto ley «bajo el principio de protección inherente, que no puede dejarse al albur de actuaciones administrativas o judiciales a las que se encomienda la función de garantizar el efecto útil de los derechos incluidos en el Estatuto de los Trabajadores».

«Han decidido por nosotros sin escucharnos»

Repartidores proautónomos han criticado que la llamada «Ley Rider» viene dada por una sentencia de un «caso en particular» de 2017 que no tiene en cuenta los cambios que han llevado a cabo las plataformas digitales y han lamentado «la nula voluntad» del Gobierno de interactuar con las asociaciones que representan a la mayoría de estos trabajadores.

«En ‘petit comité’ han negociado y han decidido por nosotros sin escucharnos», ha manifestado el portavoz en Valencia de Repartidores Unidos, Adrián Porres, en referencia a la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales para sacar adelante la nueva legislación.

La ley obliga a las plataformas digitales a asalariar a todos los trabajadores que quieren mantener en plantilla pero, según Porres, «no tienen ni idea» de cómo funciona su trabajo.

«Ni somos pobres, ni somos precarios»

«Nos han apuntado con el dedo y han dicho que somos pobres, precarios. No somos pobres, legislan sin conocer nuestra realidad», ha manifestado Porres, que ha participado este martes en Valencia en una manifestación de repartidores en bici y moto bajo la etiqueta #StopLeyRider.

La protesta, que ha reunido a unos sesenta «riders», ha salido de la plaza del Ayuntamiento y se ha dirigido a la sede de UGT para realizar una pitada.

Según Repartidores Unidos, los trabajadores del sector «no están pidiendo» una ley, sino cambios porque quieren seguir siendo autónomos y negociar con las plataformas para mejorar sus condiciones laborales dentro de un modelo autónomo.

Por eso, piden que se tramite una ley ordinaria en cuyo debate participen los representantes de los trabajadores y no que «la voluntad del 25 % esté por encima del resto».

En Valencia hay unos 800 repartidores autónomos de las plataformas UberEats, Deliveroo, Glovo y Shargo, según los datos de Repartidores Unidos.

En España, cientos de repartidores proautónomos han participado en las manifestaciones convocadas en diez ciudades para protestar contra la llamada «Ley Rider», que también ha recibido críticas por parte de grupos «antiautónomos» por considerarla «insuficiente».

En Madrid, más de 300 repartidores han recorrido el centro de la capital y han llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde han leído un manifiesto que resume su oposición a una «Ley Rider» que fue consensuada en marzo por el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos.

Se han producido también concentraciones en Barcelona (donde la Guardia Urbana ha cifrado en 80 el número de asistentes), Alicante, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Gijón, Málaga y Albacete.

Críticas también de los trabajadores partidarios de ser asalariados

La normativa ha sido recibida también con críticas por la asociación «Riders x Derechos», que desde hace años ha denunciado a las empresas de reparto por considerar que no cumplían la regulación laboral vigente en España al utilizar a trabajadores autónomos y exigía su contratación.

«Es un paso insuficiente, hay poco que celebrar», han apuntado sus responsables en un comunicado, en el que recuerdan que sus posiciones han recibido el respaldo de la Inspección de Trabajo y varias sentencias judiciales.

Aunque «en apariencia» la «Ley Rider» va en línea con sus demandas, la asociación advierte de que el proceso de laboralización «se realiza abruptamente, sin garantizar la permanencia» de los actuales repartidores.

Favorece la subcontratación

Además, «no se garantiza que estas empresas no opten por la subcontratación», la legislación da «casi cinco meses de tiempo para que las compañías sigan vulnerando derechos laborales» y tampoco recoge la posibilidad de que aquellos repartidores extranjeros «sin papeles» puedan regularizar su situación.

«Riders x Derechos» ha lamentado, asimismo, que no se haya «penalizado a las empresas defraudadoras» con «multas millonarias», como en Italia.

«A lo largo de este año de negociación, el Ministerio de Trabajo ha ido cediendo a gran parte de los postulados de la patronal y han ido eliminando todas las propuestas que se habían hecho por parte de los sindicatos», han denunciado.

En España, se calcula que hay actualmente operativos cerca de entre 20.000 y 30.000 repartidores en plataformas digitales, centradas sobre todo en el envío de comida a domicilio.

Deliveroo, Glovo y Ubereats cargan contra Ley Rider y Just Eat la defiende

Las plataformas digitales de reparto Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats han cargado este martes contra la «Ley Rider» -aprobada este martes en Consejo de Ministros-, por considerar que pone «en riesgo» el desarrollo del sector, mientras que Just Eat ha salido en su defensa.

La nueva legislación ha sido duramente criticada durante los últimos meses por las empresas que optaban por trabajar con sus repartidores como autónomos en España, una opción que la legislación prohíbe de forma expresa, ya que obliga a que sean asalariados.

Just Eat ya mostró su respaldo al texto porque utiliza un modelo mixto con subcontratas especializadas en reparto

Por el contrario, Just Eat ya mostró su respaldo al texto y ha recordado que en su caso utiliza un modelo mixto al contar con una flota propia de «riders» en plantilla, a los que suma la externalización de este servicio a través de subcontratas especializadas en reparto.

La Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que agrupa a Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats, ha lamentado en un comunicado que se apruebe la nueva regulación «por la vía de urgencia y sin debate parlamentario».

Ha criticado que no se haya contado con la opinión de restaurantes, plataformas y repartidores en su elaboración, además de incidir en el impacto que tendrá en un sector que ya aporta más de 700 millones de euros al PIB nacional, según sus datos.

También ha censurado que la «Ley Rider» -pactada por el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos- obligue a las empresas a revelar sus algoritmos para controlar el cumplimiento de la normativa.

Para las cuatro plataformas, la regulación «añade incertidumbre al desarrollo de la economía digital en España» y ha salido adelante justo cuando la Unión Europea (UE) trabaja en legislar sobre esta materia.

En contraste, los responsables de la división española de Just Eat Takeaway han considerado que la «Ley Rider» genera «seguridad jurídica» y permite garantizar tanto los derechos de los repartidores como que todos los operadores del sector tengan que llevar a cabo su actividad «bajo las mismas reglas».

«El modelo de contratación de repartidores por cuenta ajena es el que nosotros aplicamos en más de 160 ciudades de Europa», han apuntado desde el grupo, cuyos directivos han considerado que la sentencia del Supremo de septiembre de 2020 -que consideraba «falsos autónomos» a los repartidores de algunos de sus rivales- «marcó un antes y un después».

De hecho, han recalcado que la nueva regulación «sitúa a España como un referente europeo» a la hora de trabajar para «lograr un desarrollo sostenible de la economía digital» y seguir siendo «un apoyo esencial para el sector de la restauración».