Asturias recapacita y se suma a las alegaciones al estatuto electrointensivo

El Gobierno asturiano, gobernado por el PSOE que en un principio había dado por bueno el Estatuto del Consumidor Electrointensivo elaborado por el Ministerio de Industria del Gobierno de Pero Sánchez, cambia de opinión y asegura ahora que presentará alegaciones al borrador hecho público, porque es «susceptible» de incorporar mejoras para la industria asturiana afectada por los elevados costes de la electricidad.

Según ha señalado este jueves el consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández, su departamento está analizando el texto para plantear, antes de la fecha límite del 20 de febrero, sus alegaciones, que se sumarán a las ya anunciadas por los sindicatos a un texto que la patronal asturiana y el Gobierno gallego consideran «insuficiente». El Gobierno asturiano se había quedado sólo en defensa del borrador de la ministra Reyes Maroto, porque tanto la Xunta de Galicia, como la patronal y sindicatos habían decidido presentar alegaciones.

A la espera de precisar esas propuestas, Fernández ha avanzado que irían encaminadas a incrementar la cuantía de las ayudas de compensación por costes de emisiones indirectas de CO2 (172 millones en 2019 y que se prevé elevar a 262 millones) aunque ha recordado que en 2017 sólo se destinaban seis millones.

Asimismo, el Principado pedirá una mayor concreción sobre la manera en que se articulará el Fondo de Reserva de Garantías para que los consumidores electrointensivos suscriban contratos de compraventa de energía a medio y largo plazo (PPA’s), que estará dotado con 200 millones anuales en sus primeros tres años de vida y, a partir de entonces, su cuantía se fijará en los Presupuestos del Estado.

Las alegaciones del Gobierno asturiano plantearán también la necesidad de modificar la categorización de empras susceptibles de recibir compensaciones de manera que no quede fuera algún tipo de industria «relevante» en el Principado como puede ser el caso de las del sector lácteo.

El Estatuto, ha subrayado, es un documento «vivo» y susceptible de ser modificado incluso después de su aprobación por lo que ahora «no es una cuestión de ver quién pide más» a un Gobierno que ha dado prioridad a su elaboración y que ha posibilitado que «después de muchos años vuelva a haber política industrial».

Así, ha recordado que el texto está condicionado tanto por la normativa comunitaria, que impide que se pueda establecer una discriminación entre industrias eletrointensivas e hiperelecrointensivas, y por la situación financiera que arrastra el sistema eléctrico español y el déficit que acumula «por decisiones no muy acertadas».

Respecto a la situación de Alu Ibérica (antigua Alcoa), que ya ha considerado inviable volver a producir aluminio primario en su factoría de Avilés con las medidas previstas en el Estatuto, el consejero ha recordado que la empresa tiene un compromiso de mantenimiento del empleo durante dos años y que el escenario de costes de la energía que se vislumbra «es favorable» en cuanto a su reducción.

A su juicio, en esta coyuntura es «probable» que Alu Ibérica pueda reconsiderar su oposición sobre la reactivación de las cubas de electrolisis para volver a producir aluminio primario en Avilés, donde trabajan 325 empleados, un escenario en el que el Ministerio de Industria trabaja «de forma permanente y directa» con la compañía.