Asufin se querella contra Saracho, Ron y PwC por el caso Banco Popular

Asufin ha presentado una querella contra los ex presidentes de Banco Popular, Emilio Saracho y Ángel Ron, así como contra el auditor PriceWaterHouseCoopers por fraude a inversores, falsedad de cuentas, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública.

Tras semanas de investigaciones, la asociación presidida por Patricia Suárez, ha considerado que «había que presentar una querella consistente, con pruebas contundentes y con largo recorrido». Esta asociación se basa en parte a la oferta de compensación de Banco Santander a los accionistas minoritarios, pese a ser una oferta comercial para tratar de fidelizar clientes.

Asufin ha contratado los servicios de Carme Herranz, Oscar Serrano y Almudena Velázquez. Desde que el 7 de junio Banco Santander adquiriera por un euro el 100% del capital social del Banco Popular garantizando los depósitos de las cuentas corrientes pero dejando sin ahorros a más de 300.000 bonistas y accionistas.

La querella se interpone tras investigaciones de los peritos y deja claras las contradicciones en la propia información registrada en organismos oficiales, las limitaciones de la propia asociación.

En cuanto al fraude de inversores y falsedad de cuentas.- Según la querella, se han «detectado omisiones muy relevantes en la información facilitada a la CNMV en relación a la verdadera situación de Banco Popular, al menos desde las cuentas de 2015, razón por la que la Comisión requirió en 2016 a la entidad para que facilitara las valoraciones de los activos inmobiliarios y los GAP». «Esta información sólo se facilita con posterioridad a la emisión y suscripción de la ampliación de capital evitando a los inversores conocer que Popular ya se encontraba con patrimonio negativo de 464 millones de euros», ha señalado.

Administración desleal y subidas del 326% sueldo en el consejo de administración.- Entre los años 2015 y 2016 las retribuciones de los Consejeros aumentaron en un 326%, justo en el momento en el que la entidad se debatía entre calificarse de solvente o no, para posteriormente abandonar la gestión. El incremento de este concepto de gasto pasó de 5.285.000 millones en 2015 a 22.540.000 en 2016, con una variación de 17.355.000 millones de euros Además, se amortizaron las cédulas hipotecarias que les permitían obtener ingresos, quedándose, sin embargo, con el riesgo de las hipotecas que servían de subyacente a dichas cédulas.

Delito contra Hacienda Pública.- Se ha detectado la constitución y el mantenimiento de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las islas Caimán durante 16 años. Su fin era la emisión de participaciones preferentes y con ella se evitaba declarar en su Impuesto de Sociedades los ingresos de esa suscripción. Llama la atención que esta sociedad se haya mantenido tanto tiempo cuando hay deuda subordinada emitida por otras sociedades ya radicadas en España, por lo que hay sospechas de que tuviera otros fines. Por ello, en la querella se solicita una Comisión Rogatoria a las Islas Caimán para que aclare el verdadero papel de BPE INTERNATIONAL LTD, que es como se denomina la filial de Banco Popular en dicho paraíso fiscal y su impacto tributario en España.

Sobre el papel de la auditora PWC, «sólo puede calificarse de “consentidora” o de “beneplácito” frente a la deriva que iba tomando la entidad». Según Asufin, la auditora «ha contribuido al perjuicio económico de los clientes del popular cuyos bonos y acciones no valen nada -salvo la compensación que les ofrece el Santander- al haber justificado con sus auditorías las acciones del banco». PWC, pese a tener conocimiento de los ya comentados requerimientos de la CNMV que obligaron a Banco Popular a comunicar como hechos relevantes reajustes que mostraban la situación de patrimonio neto negativo y el desajuste de las provisiones efectuadas, no lo consideró importante para reformular las cuentas.

Dado que la Sociedad creada por Banco Popular en las Islas Caimán es auditada unas veces en la filial de PWC en dicho paraíso fiscal, otras en España y en algunas ocasiones con una firma ilegible, los peritos han considerado «que esta actitud permitió al banco la huida hacia delante y el colapso actual, ya que eran esas auditorías la que justificaban su solvencia irreal».

Exige a la JUR el expediente y todos los documentos de la resolución de Banco Popular

La querella no acota de manera exclusiva los delitos que sean objeto de investigación, por lo que abre la puerta para que los organismos pertinentes se hagan eco de las voces que estiman que Banco Popular pudo quedar en una posición aún más débil con los movimientos de varios de sus accionistas más destacados en posiciones cortas.

Esa investigación no está al alcance de un perito de una asociación de consumidores y es por ello que se ha pedido a la Junta Única de Reestructuración (JUR), como diligencias de investigación, para que aporte todo el expediente, incluido el famoso informe Deloitte, y que la CNMV informe de las razones por las que en este caso no prohibieron esas posiciones y de si la realización de dichas operaciones constan como registradas por parte de miembros del Consejo de la entidad.