Ayuntamientos de CDC, ERC y la CUP contratan con una empresa afín a la CUP

Fir Fuset i Roca Associats SCP se acoge a su derecho de rectificación y señala que es una empresa legal, que no ofrece vigilantes de seguridad, sino personal dedicado a controlar accesos, por lo que no tiene que estar registrada en el Registro Especial de Empresas de Seguridad por la sencilla razón de que no lo es.

En segundo lugar, Fir no está dad de alta en el sector de la Restauración, sino que está dada de alta por la prestación de espectáculos, tal y como se ha explicado anteriormente.

En tercer lugar, los empleados de Fir no llevan «porras con estrelladas«, dado que se trata de personal controlador de acceso que no puede llevar porras.

En el escrito, adjunta «la consulta ante el SG de Tributos Locales y el modelo 036 «Declaración de actividades económicas y locales» que acrediten los efectos expuestos».

Por estos motivos, en aplicación del art.1 y ss de la Ley 2/1984, de 26 de marzo, del Derecho de Rectificación los requiero expresamente y formalmente para que publiquen, en el improrrogable plazo de 72 horas, en su diario digital y formato papel, en la misma sección en que fue publicada la noticia incorrecto las rectificaciones solicitadas, haciendo expresa reserva del ejercicio de las acciones judiciales que me correspondan hasta que se lleven a cabo las rectificaciones.

Según la noticia publicada en OK Diario, se autodenominaba una empresa de seguridad, pese a ser una empresa registrada del sector «restaurantes y puestos de comida», información desmentida ahora por la empresa, por lo que carece de fundamento social para desarrollar la actividad. No obstante, pese a esta anomalía, Ayuntamientos de CDC no tienen reparos para contratarla. Sus trabajadores se jactan de hablar únicamente en catalán y sellan sus porras con una estelada.

La firma, según OK Diario, está a nombre de Carles Roca i Franquesa, ex concejal del Ayuntramiento de Cardedeu por la CUP en la pasada legislatura. Ahora está en el municipio de Sant Cebrià de Vallalta tras las pasadas elecciones de mayo. No está dada de alta en el registro oficial de empresas de seguridad.

La empresa, que afirma no es ilegal de seguridad tampoco exige a los trabajadores llevar la porra con una bandera separatista, y participa en eventos como controladores de acceso porque es su razón social, y no está registrada dentro del sector de la restauración, tal y como señalaba el citado diario.

Según la información, una decena de Consistorios catalanes en manos de CDC y ERC han contratado a esta empresa dedicada a vigilar los llamados «Países Catalanes», es decir, Cataluña, Valencia, Baleares y parte de Aragón. Según las fotos de Facebook, los vigilantes utilizan chalecos en los que se lee «vigilantes de seguridad de los Països Catalans», mientras su perfil está ilustrado con dos vigilantes con la porra separatista.

La empresa está registrada en la Administración catalana, pero en el Registro Mercantil aparece como «restaurantes y puestos de comida». Pese a ello, Ayuntamientos separatistas no dudan en contratar sus servicios.

Por otro lado, aún se leen anuncios de la compañía para buscar «controladores de acceso«, es decir, los que comprueban por primera vez las entradas para permitir el paso. Eso sí, los aspirantes necesitan tener «buena presencia y buen trato con la gente, titulación acreditada por la Generalitat de Cataluña, imprescindible hablar catalán». Se autodefinen como una «pequeña empresa de servicios dedicada a cubrir conciertos y eventos de organizaciones, entidades y particulares que aprecien el buen trabajo». No dudan en reivindicar su ideología separatista: «La seguridad llevada por gente de casa, de la tierra. Llevamos porra porque nos obligan, pero la llevamos a nuestra manera».

Esta empresa ha trabajado para el Ayuntamiento del municipio más rico per cápita de España, Sant Cugat, en manos ahora de CDC, también lo ha contratado Sant Cebrià de Vallalta, en Cardedeu; las Barracas de Granollers (Barcelona); Sabadell, Vic, Alella y Vilafranca del Penedès.