Banco Popular rescató a empresas españolas con una red ilegal en Luxemburgo

Banco Popular aparece en el caso Nummaria en un informe de la Agencia Tributaria en el que se contabiliza el desvío de casi 200 millones de euros a través de empresas opacas con sede en Luxemburgo. Ocurrió tres años antes de la quiebra de la entidad financiera sin que reguladores ni auditores lo detectaran.

El papel del Banco de España y de PwC en Banco Popular queda de nuevo en entredicho sobre la supervisión y auditorías realizadas a la entidad financiera, que no tuvo ni una sola salvedad en sus cuentas anuales durante más de 30 años.

Banco Popular se apoyó en Thesan Capital para crear una maraña de empresas opacas en Luxemburgo y evitar así la disolución de empresas españolas que debían decenas de millones a la entidad financiera, que había evitado informar en sus cuentas anuales sobre el estado de estas sociedades offshore. A través de ellas se movieron 196 millones de euros, según un informe de la Agencia Tributaria aportado al caso Nummaria.

La operativa se realizó entre 2011 y 2015, en plena reestructuración del sector financiero en España y entre los últimos meses del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el Gobierno de Mariano Rajoy. Al frente del Banco de España estaban entonces Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Luis María Linde, sin que hubieran descubierto este entramado. El auditor de Banco Popular era PwC.

Con esta maniobra, Banco Popular evitaba anotarse las pérdidas contables correspondientes, pese al evidente impacto que hubiera tenido durante estos años, más cuando Luis María Linde había afirmado en el Congreso que llegaron a estudiar una posible intervención de la entidad financiera en 2012.

Según el informe de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso VozPópuli, se llegaron a rescatar de esta forma empresas como Platja Amplaries, participada entonces en un 75% por Comercializadora Mediterránea de Viviendas (Comervi), una empresa ligada a Jesús Ger y con la que se agrupó la actividad inmobiliaria y promotora de Marina d’Or- y el otro 25% estaba en manos de Aliseda, la inmobiliaria de Banco Popular.

El dueño de Marina D’Or salvó la sociedad, teniendo a Sareb y a la Agencia Tributaria como los máximos acreedores

Comervi tenía entonces una deuda de 600 millones de euros. A mediados de 2014, Banco Popular junto a Thesan Capital, y en colaboración con el despacho Nummaria junto a Faltz & Felgen constituyeron en julio de 2014 sociedades en Luxemburgo tan solo dos meses antes del concurso de Comervi. Los nombres de estas offshore eran Trans Investments y Ecol Investments. Con la operación se absorbió Platja Amplaries, cuyos activos eran de unos 256 millones, evitando así su entrada en disolución.

Los mails incautados al despacho Nummaria muestran que el objetivo era «evitar la posible actuación de comprobación por parte de la Generalitat Valenciana respecto al Impuesto de Transacciones Patrimoniales (ITP)». «Si la operación se hace con dos sociedades estaría exenta de impuestos, pues ninguna empresa adquiere más del 50% de las participaciones y no se interpreta que adquieras los Inmuebles sino participaciones», según ha asegurado Pedro Mena, contable de Nummaria, a Ignacio Badiola, director de inversiones de Thesan Capital. El 10 de diciembre de 2014, Banco Popular dio dos préstamos por importe cada uno de ellos de 3 millones de euros a las sociedades que habían comprado Marina D’Or, y otros dos por casi un millón a las mismas sociedades.

Ese mismo día, Trans Investments y Ecol Investments adquirieron los derechos de crédito que la filial inmobiliaria de Popular, Aliseda, poseía frente a Platja Amplaries, que era por importe de 27,5 millones de euros y que se vendió por 0,5 millones.

Popular no dio cuenta en su balance sobre esta situación. En 2014, dio de baja a Platja Amplaries «por venta», mientras que en 2015 ni siquiera la reconocía en balance. No obstante, en 2016, Platja Amplaries reaparece en las cuentas por la aplicación de la norma NIIF 10 procediendo a incluir en el perímetro de consolidación a la empresa. Curiosamente son la Sareb y la Agencia Tributaria los mayores acreedores de la empresa de Jesús Ger.

Tuvo que ser el BCE quien soltara la liebre al asegurar que el banco no incluyó a GAC 40 en sus cuentas durante varios ejercicios. La institución indicaba que se había condonado deuda por valor de 220 millones.