Se abre la vía para que los institucionales reclamen 1.300 millones a Bankia

La imputación de dos responsables de la CNMV y cinco del Banco de España por la salida a Bolsa de Bankia y un posible delito de engaño de los dos organismo públicos a inversores supone abrir la puerta a la responsabilidad patrimonial de la Administración.
La salida a Bolsa de Bankia captó 3.092 millones de euros, de los que el propio banco, presidido por José Ignacio Goirigolzarri se ha comprometido a devolver 1.800 millones a los inversores particulares que acudieron a la operación ante la avalancha de sentencias en contra de Bankia y a favor de los demandantes en los tribunales.
Pero quedan aún casi 1.300 millones que suscribieron los inversores institucionales, que, en principio, han quedado fuera de la devolución. Los institucionales no podían reclamar debido a que conocían los riesgos de la inversión, según la sentencia del Supremo. No obstante, el nuevo auto de la Audiencia Nacional deja por los suelos este argumento, ya que si hubo engaño no lo produjo la propia entidad financiera, sino que fue avalado por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quienes habrían dado el visto bueno a una operación engañosa, por lo que también fueron víctimas quienes mejor conocían la situación de los mercados financieros y de Bankia en particular.
De esta forma, -al ser dos instituciones públicas que velan por el buen funcionamiento del sector financiero y de los mercados de valores- si se demuestra que Bankia no estaba en condiciones de realizar la OPV, se llegará a la responsabilidad patrimonial del Estado.
Y esa responsabilidad también afecta a de par en par la responsabilidad política del gobierno Zapatero y del PSOE por la ley de febrero de 2011, que obligaba a las Cajas a salir a Bolsa en un intento de evitar inyectar dinero púiblico en esas entidades que dispararía aún más el déficit español que en ese año se situó en el 8,5% del PIB.
El auto de la sala de la Audiencia contradice la posición anterior del juez instructor, Fernando Andreu, y del fiscal, Alejandro Luzon, respecto a la falta de dolo del Banco de España al autorizar la salida a bolsa de Bankia sin provisiones, según la teoría de los peritos judiciales del juez Andreu, teoría que ha quedado desautorizada en la instrucción, pero que sin embargo sirvió de base a la sentencia del Tribunal Supremo.
Ahora el juez Fernando Andreu, instructor del caso Bankia sobre las supuestas irregularidades en la salida a bolsa de la entidad en 2011, si investigará a las excúpulas del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que la propia Audiencia Nacional lo haya ordenado.

El juez Andreu que, en un principio no vio dolo en la actuación ni del Banco de España ni de la CNMV, tendrá ahora que investigar a los responsables de amabos organismo en la etapa de la salida a Bolsa de Bankia

Así lo ha decidido la sección tercera de la sala de lo Penal que preside el juez Antonio Díaz Delgado que ha estimado el recurso de la acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), por lo que obliga a citar como investigados al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a su ex número dos Fernando Restoy, y al que fuera presidente de la CNMV Julio Segura.
Según el auto, que acuerda que se llame en la misma calidad a otros cinco responsables de la «jefatura» del organismo regulador, la petición de la CIC es «razonable y razonada».
Los efectos se hacen extensibles al exsubgobernador Javier Aríztegui, al ex director de Supervisión Jerónimo Martínez Tello y su sucesor Mariano Herrera, al inspector Pedro González así como a Pedro Comín.
Precisamente, estos tres últimos han dimitido de sus cargos tras conocer la noticia con el fin de no interferir en el desarrollo de las funciones de supervisión del Banco de España, ha explicado la institución que dirige Luis María Linde en un comunicado.
De esta forma, con la imputación de la ex cúpula del Banco de España y de la CNMV, se abre la puerta a posibles reclamaciones por parte de los institucionales, ya que si finalmente se encuentran culpables, se activaría la responsabilidad patrimonial del Estado, debido a que los controles de supervisión sobre Bankia han fallado.
El fallo de estos controles provocó que millones de euros se invirtieran en Bankia en la salida a Bolsa, por lo que habría causalidad entre el funcionamiento de dichos servicios y el daño causado. El juez instructor llegó a considerar que la salida a Bolsa era la opción «más idónea», ya que no captó los 3.000 millones de euros inicialmente previstos, sino 3.092 millones. No obstante, la resolución indica que otras alternativas «hubieran causado menos perjuicios». Se refería a buscar inversores privados o bien acudir al FROB, por lo que los políticos sentados en el consejo de Administración perderían su silla. En esa sentencia afirmaba que «concurren los requisitos legales para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial del Banco de España», quien no tiene «obligación reparadora del daño».

Grandes inversores

Ahora el juez ha tenido que borrar estas palabras tras la imputación de la ex cúpula del Banco de España y de la CNMV, por lo que de ser consideradas culpables, el Estado tendría que restituir el dinero a los inversores institucionales, cuyo montante asciende a 1.800 millones de euros. Entre los institucionales que acudieron a la salida a Bolsa se encuentran Santander, Mapfre, Barclays, Popular, Altae Banco, Sabadell, Gestamp, ACS, Renta 4, Cámara de Comercio de Madrid, Abengoa, BBVA, Porcelanosa, UBS, Melia, Inversis, Mecalux, Acerolux, Lloyds, Vichy Catalán, Globalia, Festina, Europark, Montoro e Hijos -quien compró también lotes de pisos de Bankia a precios muy inferiores a los del mercado-.
Hasta ahora, Bankia tiene unos 50 litigios abiertos y ha afirmado que recurrirá al Supremo cada caso para evitar tener que abonar la cantidad. La entidad financiera presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha perdido numerosos casos, como los dos millones que tiene que devolver a Festina. Bankia afirma que los institucionales conocían la situación de la entidad, pero el nuevo auto de la Audiencia Nacional pone en un compromiso al supervisor, ya que firmó unas cuentas y avaló una operación que no correspondía con la realidad.
El juez y el fiscal apoyaban su tesis en que los funcionarios del Banco de España no obtenían beneficio en la salida a Bolsa de Bankia. Al quedar acreditada la existencia de provisiones suficientes y aplicables, más de 7.000 millones, ha llevado al juez Andreu a centrar su atención en correos internos del inspector del Banco de España José Antonio Casaus, quien era el jefe de inspeccion en CM y en Bankia.
En estos correos, Casaus mostraba su opinión de que era mejor vender por un euro Bankia a un grupo extranjero, que no existía, ante su opinión de que el proyecto no tenía futuro. Casaus ha reconocido por escrito que está opinión no suponía que la cuentas no fueran correctas en su momento, sino que estaba basada en sus. predicciones financieras sobre la evolución del mercado.
La imputación de todas estas personas abre también la posibilidad de que en su comparecencia se planteen la idoneidad de los 22.000 millones dados a Banka en mayo del 2012 y de la corrección de las cuentas del 2011 de Bankia por hechos sobrevenidos en 2012. Esto último ha quedado acreditado en la intruccion que contradice las reglas internacionales de contabilidad y lo primero sería malversación de fondos públicos, ya bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.
En declaraciones en julio del 2014 de uno de los nuevos imputados, Martínez Tello, afirmó que los 22.000 millones se habían decidido para garantizar una rentabilidad del 13% a un inversor profesional.
Por último, la imputación de personas que ya han declarado en la causa como testigos, obligados a decir la verdad, puede llevar a la nulidad del procedimiento por indefensión, habida cuenta que el papel del BdE y la CNMV eran obvios y conocidos desde el principio.