El BCE insta a España a investigar las salidas de capital del Popular

«Esto no está en mis prerrogativas, yo no puedo participar en ello, pero desde luego que sí hay margen para que la justicia española investigue esos movimientos para ver si ha habido tráfico de información y si algunas instancias o personas han intentado protegerse mejor que los pequeños depositantes», declaró a preguntas de los eurodiputados.

Sobre los accionistas y tenedores de deuda subordinada que han perdido su inversión con la resolución del Banco Popular, Nouy reconoció que «seguramente» habrá «muchísimos litigios», si bien precisó que, en su opinión, los pequeños inversores no deberían estar autorizados a comprar determinados productos.

«Respecto a la deuda subordinada y los CoCos (bonos convertibles contingentes),(…) tienen un alto rédito en comparación con los bonos y esto significa que las empresas y los clientes deben saber qué es lo que están comprando y los minoristas no deberían tener la autorización para comprarlos directamente porque si no, el rescate se vuelve mucho mas difícil», explicó.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoció el pasado 12 de junio que algunas comunidades y ayuntamientos retiraron «fuertes» cantidades de depósitos del Banco Popular, mientras que por el contrario, la Seguridad Social mantuvo un saldo muy superior a la media registrada en los últimos meses.ç

La falta de liquidez, sin aclarar

Por otro lado, preguntada por el eurodiputado español de los Verdes Ernest Urtasun sobre en qué momento el Popular se quedó sin el ratio de liquidez exigido por las normas, lo que en última instancia supuso su inviabilidad, Nouy rehusó precisar una fecha por motivos de «confidencialidad».

Señaló, sin embargo, que cuando un banco tiene problemas de liquidez que avanzan rápido es porque está «cerca de la crisis real» y puede ser «cuestión de días» declararlo en riesgo de inviabilidad.

Indicó que no se tomaron las medidas de intervención temprana previstas en la Directiva Europea de Reestructuración y Resolución Bancaria (BRRD) porque exigen «proporcionalidad», es decir, que el supervisor tome la «mínima acción» para conseguir resultados.

En este sentido, anunció que ha escrito a la Comisión Europea (CE) para pedir que en la revisión de la norma se introduzca este mecanismo.

Más poder

Asimismo, pidió más poder para solicitar provisiones y atajar la exposición a activos no productivos «a tiempo».

Interrogada por el eurodiputado socialista español Jonás Fernández, Nouy negó que el sistema de resolución aliente a los potenciales compradores a esperar a una intervención para comprar las entidades a un precio más bajo.

Todos los eurodiputados que intervinieron en el debate fueron en general críticos con la actuación del supervisor e instaron a Nouy a atajar los posibles fallos en la operación, si bien la economista francesa consideró que la intervención fue un «éxito».