BFA afea a la Fiscalía que dé como buena la opinión de un inspector del BdE que acertó con Bankia ‘como quien acierta en la quiniela’

Si bien ha conseguido mantenerse al margen, BFA se suma a las críticas de sus exconsejeros y lamenta que el Ministerio Público anticipara «su voluntad» de modificar su acusación introduciendo hechos «nuevos, sustanciales y no accesorios que causarían indefensión» en el banquillo.

Critica el «juego de espejos» desplegado por Anticorrupción en la recta final del juicio, en la que se ha adherido al argumentario de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) al introducir la falsedad contable, pero no a su solicitud de pena ya que ha sido el sindicato el que finalmente se ha sumado al último escrito de la fiscal Carmen Launa.

Una «sinrazón procesal» que la matriz del grupo financiero denuncia en sus conclusiones definitivas, a las que ha tenido acceso Efe, donde califica de «sorprendente» el cambio de parecer de Launa, cuyo informe parece que «hubiera estado escrito el primer día de cuestiones previas» cuando abrió la puerta a una posible falsedad en las cuentas de la entidad.

Sobre los «reproches» a sus antiguos administradores, a los exmiembros de su comité de auditoría e, incluso, al actual interventor de Bankia, Sergio Durá, para los que la Fiscalía pide entre ocho años y medio de prisión y un año de cárcel conmutable por multa, BFA resalta que el caso no es «un examen de contabilidad».

En este punto, trata de desmontar a los dos peritos cedidos por el Banco de España, que durante las vistas aseguraron que las cuentas de BFA-Bankia desde la integración hasta la reformulación de 2012 no mostraban la situación real.

«Los juicios penales no están para dilucidar quién merece la matrícula de honor o quién es el ‘más listo de la clase'», indica el letrado de BFA, que descarta que el ajuste por importe de 9.207 millones realizado por las siete cajas en 2010 con motivo de su fusión fría fuera «irracional o arbitrario».

Un tono más severo emplea para referirse a la salida a bolsa, la cual fue considerada «como un éxito» por «Gobierno, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), expertos independientes…», instituciones que no dudaron de la viabilidad ni de la operación ni de Bankia.

El escrito recuerda que parte de los reproches de la Fiscalía tienen su origen en los correos del inspector José Antonio Casaus, que en diciembre de 2011 alertó a sus superiores: «La previsión de margen financiero que han hecho para 2012 para Bankia es sólo 2.700 millones de euros. La sensación que tenemos es que con esos 2.700 salía una cuenta de mierda (perdón por lo de cuenta)».

Incluso tres meses antes del debut bursátil, el funcionario expresó sus temores sobre el riesgo de insolvencia de la entidad: «Cuidado no vayamos a quedarnos por debajo del 8 % de capital principal, pese a captar 3.000 millones en bolsa».

«Reparos» que dijo que desconocía el exgobernador del organismo Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que aseveró que el inspector «acertó por casualidad» pero no con las razones, términos similares a los que se expresa BFA.

«Casaus no habló de un cambio radical en la situación macroeconómica, ni de un cierre de los mercados, ni de la hiperactividad normativa que se produjo entre diciembre de 2011 y mayo de 2012», matiza el banco, que añade que «acertó en su opinión como quien acierta en la quiniela. Por azar».

Aunque avala la validez de todas las cuentas, BFA se detiene en las de 2011, foco de polémica, pues, sostienen las acusaciones, la entidad informó de ellas al mercado ocultando que carecían del preceptivo informe de auditoría al faltar información sobre tasaciones con un posible impacto negativo en los resultados.

Para el banco, las cifras, que mostraban un beneficio de 300 millones, tenían un «halo de provisionalidad» tal que «cualquiera que leyera esas cuentas, fuera inversor cualificado o minorista, sabría que algo estaba pasando, y las pondría en ‘cuarentena'».

Y apunta que tal excepcionalidad fue «confirmada» por la dimisión del hasta entonces presidente del grupo, Rodrigo Rato, el 7 de mayo de 2012; semanas después, el nuevo equipo de José Ignacio Goirigolzarri acometería la reformulación de esos estados, que pasaron a arrojar 3.000 millones en pérdidas «no por errores sino por un cambio en las estimaciones», concluye.

Por su parte, Bankia, a la que como BFA sólo acusan algunos inversores personados, marca distancias y pide la absolución ya que, «no tiene nada que ver con la antigua (entidad), ni con su patrimonio», ni con sus dirigentes.

Todo ello convierte al banco en «una empresa saneada gracias a la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)», comprometida «con una cultura ética empresarial», a la que no se le puede exigir responsabilidad penal ni civil, sentencia.

Los abogados del grupo, al igual que el resto de partes, expondrán sus informes en septiembre, mes en el que está previsto que el caso Bankia quede visto para sentencia después de siete años de proceso y diez meses de juicio oral.