Pimco, Anchorage Capital, Algebris y Ronit Capital prosiguen con sus críticas a la resolución de Banco Popular por parte de la Junta Única de Resolución. Ahora se centran en el Banco de España, que a su juicio «pudo hacer más» y tachan de «misteriosa» su decisión de no dar liquidez a Popular.

Estos fondos aseguran haber perdido 840 millones con los bonos de Banco Popular, que la JUR valoró en cero euros, el mismo precio que las acciones, en la noche del 6 al 7 de junio. A su juicio, cada vez que se conocen más datos de la resolución, mayores son las dudas que se están generando sobre esta polémica medida.

Según ha asegurado el despacho de abogados encargado de este asunto y en representación de los bonistas, una semana antes de la resolución Popular era «solvente». Así lo afirmaban miembros del Gobierno, como el ministro de Economía, Luis de Guindos. Si Banco Popular era solvente, por qué el Banco de España no facilitó la ventanilla de liquidez. La decisión del supervisor gobernado por Luis María Linde es «misteriosa». El problema de liquidez  en Popular se agravó con la retirada de fondos públicos por parte de administraciones y empresas dependientes de Fomento.

Según el despacho de abogados, las filtraciones que aceleraron la fuga de depósitos solo pudo salir de la JUR, presidida por Elke König. «Deloitte fue contratado el 23 de mayo», apuntan, tan solo dos semanas antes de que la JUR decidiera resolver Banco Popular. «Seguro que no es una coincidencia que esta contratación fuera firmada el mismo día que König revelara a Bloomberg TV que la JUR estaba vigilando a Banco Popular», ha asegurado el despacho en un comunicado remitido este viernes.

Asimismo, han asegurado que la JUR ofreció prácticamente»nada» por la entidad, es decir, se había tomado la decisión con anterioridad. «La carta de proceso de venta invitó al comprador a hacer ofertas a un precio mínimo de un euro, o en la práctica nada, indicando por lo tanto que la oferta inicial de la JUR era imponer pérdidas a las acciones y los bonos», continúa Quinn Emanuel, el despacho que representa a los bonistas ante los tribunales españoles y europeos, como la Audiencia Nacional y el TJUE.

Asimismo, han criticado que no se desvele aún la versión íntegra del informe de Deloitte, pese a que Banco Santander no se opone a ello. A juicio de la defensa estos fondos, la JUR «ignoró» el hecho de que la consultora Deloitte, que valoró la entidad de cara a su venta, señaló que la valoración más fiable sería «la mejor oferta hecha por un comprador potencial en el proceso de venta privada que estaba en marcha». Por el contrario, argumentan, la JUR se basó en la horquilla que ofreció Deloitte, que estimó que en el mejor escenario el valor era de 1.300 millones de euros y, en el peor, un valor negativo de 8.000 millones de euros, siendo su mejor estimación 2.000 millones negativos.

Y añaden que fue así a pesar de que la propia consultora había advertido que su valoración era «altamente incierta y provisional», que no había tenido acceso a «información crítica» y que sólo tuvo acceso limitado a los directivos y auditores del Popular. Los fondos criticaron además que las versiones no confidenciales publicadas por la JUR tras eliminar las partes que consideraron sensibles omite la información sobre la salida de depósitos y liquidez que llevó a la resolución y el volumen de liquidez de emergencia que recibió el Popular del Banco Central Europeo (BCE) antes de que este le negase el acceso.

Tampoco revela la conclusión del análisis de Deloitte sobre si los acreedores habrían estado mejor en caso de liquidación de la entidad, ni la metodología que usaron la consultora y la propia JUR al hacer sus respectivas valoraciones. «Esto es una nueva negación de los derechos fundamentales de las partes agravadas», dijo el gabinete de abogados, que critica que la redacción de los documentos haga «imposible» para estas evaluar si la resolución fue legal o no.

Los fondos indicaron que están considerando recurrir ante el Tribunal General de la Unión Europea, el panel de apelación de la JUR y la Defensora del Pueblo de la UE la redacción de los documentos no confidenciales. Asimismo, confiaron en que la Audiencia Nacional ordenará al FROB publicar la versión completa de los documentos clave.

La JUR, autoridad europea que ordenó el 7 de junio la resolución del Popular, publicó el viernes pasado su propio informe de valoración del banco, el elaborado por Deloitte, el plan de resolución que había configurado con el Popular en 2016, las cartas que se enviaron a los potenciales compradores, y una versión más amplia de la decisión de resolución publicada en junio.

El FROB defiende la intervención de Banco Popular en defensa del «interés público»

El presidente del FROB, Jaime Ponce, se ha mostrado convencido de que la defensa del interés público, autorizó la intervención y posterior venta del Banco Popular. «Reconocemos que las medidas adoptadas son severas», pero «defendemos un interés público del que estamos convencidos que nos autoriza a hacer lo que hicimos», ha recalcado Ponce, que se ha expresado así en declaraciones a los medios de comunicación después de clausurar una jornada sobre resolución bancaria organizada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Ponce ha sido preguntado por las quejas que han presentado algunos fondos de inversión a la Junta Única de Resolución (JUR), por invitar a los potenciales compradores del Banco Popular a ofrecer prácticamente «nada» por la entidad.