¿Vendió Borrell acciones de Narbona en Abengoa utilizando información privilegiada?

¿Vendió Borrell acciones de Narbona en Abengoa utilizando información privilegiada?

10 octubre, 2018
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Actualizado: 10 octubre, 2018 23:18
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Josep Borrell es el último de los ministros de Sánchez que se ve envuelto en un escándalo. El titular de Exteriores reconoce el expediente de la CNMV por uso en beneficio propio de información privilegiada en Abengoa antes de quebrar, una operación ilegal que el supervisor bursátil sitúa en alguien ‘cercano’ al actual responsable de Exteriores y que fuentes de la investigación le ponen nombre y apellidos: Cristina Narbona, pareja de Borrell y actual presidenta del PSOE.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha negado hoy que utilizara información privilegiada cuando era consejero de Abengoa y ha anunciado que recurrirá el expediente abierto contra él a finales de 2016 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha confirmado hoy que ha resuelto un expediente contra el actual ministro de Exteriores, Josep Borrell, por la venta de acciones de Abengoa por un valor de 9.030 euros cuando era consejero de la compañía y conocía información no desvelada.

El regulador bursátil, en un comunicado, explica que el expediente se inició el 13 de julio de 2017 y que la venta de esos títulos de Abengoa había sido ordenada por Borrell, aunque las acciones no le pertenecían a él, sino a una persona de su entorno cercano. Fuentes crecanas a la investigación aseguran que esa persona de su entorno cercano sólo puede ser Cristina Narbona, la actual presidenta del PSOE, porque la CNMV sólo investiga relaciones familiares directas, es decir, esposo o esposa, pareja e hijos, nunca hermanos u otro rango de parentesco familiar o amigos, porque será imposible determinar el grado de implicación y si éstas han sido avisadas de antemano, según las directrices que manejan los inspectores del supervisor bursátil.

La CNMV consideró, al resolver el expediente el pasado 27 de septiembre, que Borrell conocía, por su cargo de consejero en la compañía, «información relevante que no había sido publicada».

Según este organismo, la resolución del expediente no es firme y puede ser recurrida por Borrell en alzada ante el Ministerio de Economía y Empresa, y posteriormente, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

A finales de noviembre de 2015 Abengoa, con una deuda neta de 6.300 millones de euros y bruta de 8.900 millones solicitó el preconcurso de acreedores, y consiguió evitar la quiebra mediante un acuerdo con los acreedores para la reestructuración del grupo mediante la inyección de 1.170 millones de euros a cambio de ceder el 90 % del capital a fondos, banca y bonistas.

Borrell declaró en octubre de 2017 en el juicio contra la excúpula de la multinacional Abengoa por las indemnizaciones al expresidente de la compañía Felipe Benjumea y su ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, tras su cese, si bien lo hizo en calidad de testigo como integrante de la comisión de nombramientos y retribuciones y alegó que él no estuvo presente en la reunión del consejo de administración que finalmente aprobó dichos pagos.

Borrell dice que sólo fueron 9.030 euros

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Borrell ha explicado que el órgano de control inició acciones administrativas sobre una operación por un importe de 9.030 euros y concluyó que se había producido una «falta administrativa».

Ha asegurado que «se trata de una operación sobre una cartera de valores que administraba un familiar», que representaba una parte «muy pequeña» de la cartera que él gestionaba en Abengoa y que «desgraciadamente» luego perdió.

«Si hubiera tenido información privilegiada, no la hubiera perdido», ha recalcado el titular de Exteriores, que ha insistido en que discrepa de la CNMV.

Por eso, ha dicho que no asume sus conclusiones, en las que se establece una sanción cuyo importe no ha cuantificado, aunque ha señalado que es el que «fija la ley, que es bastante mayor que la cuantía de los 9.000 euros».

De ahí que esté estudiando con su abogado «las posibilidades de efectuar los recursos que la ley pone a disposición».

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