Bruselas aumenta la presión sobre VW para que compense a los afectados

Bruselas ha elevado la presión sobre el gigante automovilístico alemán Volkswagen para que coopere y compense a los afectados europeos, mientras se prepara para reclamar poderes de supervisión y sanción directa para evitar nuevos casos de fraude.

La comisaria europea de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, ha trasladado hoy este mensaje a Matthias Müller, el consejero delegado que tomó las riendas de VW después de un escándalo descubierto en EEUU, tras pasar inadvertido en Europa y que también parece afectar a otros fabricantes.

Müller ha acudido a Bruselas acompañado por las especulaciones sobre su futuro, tras una compleja visita a EEUU donde se encontró con el rechazo de las autoridades californianas a su plan para subsanar el trucaje y una demanda a través del Departamento de Justicia que reclama a VW más de 40.000 millones de dólares.

En la capital europea, Bienkowska ha insistido a Müller en que VW debe cooperar y entregar los datos que está recabando en sus investigaciones internas sobre el software instalado en unos 11 millones de coches, que le permitieron sortear las pruebas oficiales de emisiones de óxido de nitrógeno.

De igual modo, Bruselas espera recibir los datos sobre el análisis del falseamiento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) también detectadas en unos 800.000 vehículos, para lo que la automovilística germana pidió que le diera un mes más de plazo que se agota a finales de enero.

La CE ha avisado a Müller de que Volkswagen debería reconsiderar su decisión de no extender a los clientes europeos la compensación anunciada para los estadounidenses.

El escándalo de Volkswagen no solo ha dañado la imagen de uno de los emblemas del poderío económico alemán, sino que también ha dejado al descubierto la debilidad de los sistemas europeos de control, actualmente en manos de los propios países.

Ante esta situación, «debería haber una supervisión mayor y más efectiva de las actividades relacionadas con la aprobación de las homologaciones (de vehículos) por parte de las autoridades nacionales y los servicios técnicos», defiende Bienkowska, en una carta a la que Efe tuvo hoy acceso.

Por ello, como adelantó a finales de noviembre el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, a Efe, la Comisión planea presentar «pronto» propuestas en este sentido, según confirma Bienkowska en su carta al eurodiputado alemán Pieter Liese, fechada el 15 de enero.

El Ejecutivo comunitario quiere «poderes de investigación y el derecho de suspender, restringir o retirar la designación de servicios técnicos que estén actuando mal, e imponer multas», así como un «derecho» de «imponer sanciones en fabricantes que incumplan».

La idea es además «someter a los servicios técnicos a auditorías regulares, como condición de obtener y mantener su designación, y someter a las autoridades nacionales competentes a evaluaciones por sus homólogos», explica la comisaria.

La Comisión también quiere asegurar la «independencia de los servicios técnicos», para lo que pide prohibir que «sean pagados directamente por los fabricantes».

En paralelo, el Parlamento Europeo ha constituido hoy su Comisión Especial para investigar el escándalo de las emisiones de Volkswagen, que trabajará en el caso durante un año.

La Eurocámara es escenario de otro frente clave en la batalla de las emisiones: la aplicación de unos nuevos controles de las emisiones que liberan los automóviles, que son más preciosos a la hora de medir lo que un coche contamina realmente cuando está en la carretera.

Aunque a priori el cambio normativo endurecerá los controles sobre los fabricantes, el amplio margen consensuado por la Comisión y los países en unas discusiones que lograron mantener en un segundo plano técnico ha suscitado una gran polémica.

En concreto, los nuevos test se aplicarían a partir de 2017 pero los coches podrán inicialmente sobrepasar en un 110 % los límites de emisiones fijados sin que se considere una infracción.

El grupo de Los Verdes lidera los esfuerzos para lograr la mayoría absoluta que necesitan en el pleno para vetar la propuesta de los países y la Comisión, de modo que la pelota volvería a recaer sobre esta institución.

Por su parte, los socialistas y los conservadores del Partido Popular Europeo han logrado retrasar el voto previsto para el plenario que hoy a finalizado en Estrasburgo hasta la próxima sesión de la primera semana de febrero.