Bruselas declara ilegales los arbitrajes de las renovables para los inversores europeos

La Comisión Europea ha dado otro respaldo a España, que ha tenido que hacer frente al pago de indemnizaciones millonarias por los arbitrajes de las renovables. El órgano presidido por Jean-Claude Juncker considera que los inversores europeos no pueden invocar la Carta de Energía, pese a que los tribunales de arbitraje dan la razón a estos inversores.

La inseguridad jurídica sobre las renovables es máxima, cuando no se está protegiendo ni garantizando la inversión a los europeos dentro de la UE. Según Bruselas, estos inversores no pueden invocar la Carta de Energía dentro de la UE, pese a que una sentencia fechada el pasado 6 de marzo sí lo permite.

España ha tenido que hacer frente hasta ahora del pago de 357 millones de los distintos laudos internacionales que han dado la razón a los inversores. Según Bruselas, estos laudos ahora no tienen ningún valor, pese a que invocan tanto tratados bilaterales como a la propia Carta de Energía. Según la Comisión, estas sentencias son incompatibles con el ordenamiento jurídico de la UE, es decir, solo los tribunales europeos y de cada país tienen la competencia exclusiva de interpretar la normativa comunitaria.

«Todas las cláusulas de arbitraje en los tratados bilaterales de inversión entre países de la UE son inaplicables y cualquier tribunal de arbitraje establecido sobre la base de esas cláusulas carece de jurisdicción», ha asegurado la Comisión Europea sobre la protección al inversor publicada el pasado jueves, según recoge Cinco Días. De esta forma, se desprotege totalmente a los inversores, ya que habían reclamado indemnizaciones y obtenido el respaldo de los tribunales de arbitraje.

Bruselas va más allá de la sentencia del TJUE y elimina los arbitrajes basados en la Carta de la Energía

La normativa europea, por ejemplo, deja en una situación de indefensión total a los inversores frente a los designios de las políticas del Gobierno. Los inversores nacionales no pueden reclamar en instancias internacionales de arbitraje, pero sí lo puede hacer un inversor de EE UU.

Recientemente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido una condena contraria por un tribunal de arbitraje. Fue el pasado 18 de junio cuando el CIADI, el tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, condenó a España a pagar 112 millones de los 238 que reclamaba el fondo Antin. Hasta ahora los fondos que han obtenido la victoria en los tribunales de arbitraje esgrimían la Carta de Energía, un tratado internacional que garantizaba las inversiones internacionales en esta materia. Los españoles se quedaron sin nada, mientras que los extranjeros han iniciado procedimientos en distintos tribunales de arbitraje para exigir el pago de 7.500 millones de euros. Según Bruselas, se declara también ilegal el arbitraje establecido hace 30 años en la Carta de Energía si el afectado es originario de la UE.

Según Juncker, todos los tribunales dentro de la UE «tienen la obligación de anular cualquier compensación arbitral concedida» en base a las cláusulas incompatibles con el Tratado de la UE, por lo que eximiría a España de acatar sentencias si los afectados son intracomunitarios. La sentencia del TJUE, sin embargo, solo afectaba a aquellos arbitrajes que esgrimían tratados bilaterales, pero daba la razón para quienes argumentaban la indemnización basándose en la Carta de Energía, que no se ha puesto en duda por ningún tribunal, pero que Bruselas quiere eliminar.