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Bruselas exige a España vigilar los riesgos por litigios sobre Banco Popular

Bruselas exige a España vigilar los riesgos por litigios sobre Banco Popular

07 julio, 2017
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Actualizado: 07 julio, 2017 18:07
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Tras dar el sí a la resolución y venta de Banco Popular a Banco Santander, Bruselas exige ahora a España que vigile los riesgos por el aluvión de demandas sobre Banco Popular.Los accionistas y acreedores perdieron toda su inversión en la noche del 6 al 7 de junio. Bruselas y el Gobierno de España celebraron la decisión asegurando que no costaría un euro a los contribuyentes, pero la realidad es que las demandas judiciales no se están centrando en Banco Santander, sino en los organismos oficiales que dejaron quebrar la entidad entonces presidida por Emilio Saracho. Los 305.000 accionistas de Banco Popular lo perdieron todo, mientras que los bonistas solo perdieron por la parte de la deuda subordinada.

«Las autoridades de supervisión tendrán que vigilar la implementación efectiva de la adquisición de Popular por Santander y seguir de cerca cualquier riesgo derivado de posibles costes por litigios», han asegurado las autoridades de la Comisión Europea en el informe de seguimiento del rescate a la banca española, publicado este viernes, pero sin dar a conocer aún el polémico informe de Deloitte, que apuntaba tres escenarios, de +1.500 millones a -8.200 millones en el peor de ellos.

La CE y el BCE efectuaron su séptima misión semestral de supervisión el pasado abril, durante la que analizaron la situación y desafíos de la banca española, pero en su informe final han incluido menciones a la resolución de Popular ordenada en junio por las autoridades europeas.

La resolución «permitió garantizar la continuidad de importantes funciones desempeñadas por el banco y evitar importantes efectos adversos sobre la estabilidad financiera», dicen las instituciones, que recuerdan que las pérdidas fueron totalmente absorbidas por accionistas y tenedores de deuda subordinada y no se necesitó ayuda pública. En la operación, Santander se hizo con la entidad por un simbólico euro.

Más allá de la compra de Popular, Bruselas y Fráncfort afirman que el sector bancario español en general sigue «beneficiándose de la fuerte recuperación económica», cumple «cómodamente» los requisitos de capital regulatorio y la calidad de sus activos se ha reforzado.

Sin embargo, también señalan varios desafíos y apuntan que la privatización de Bankia y BMN progresa «lentamente» pese a que su reestructuración «está bien avanzada» y su fusión debería completarse antes de finales de año. «La Comisión sigue vigilando la implementación de los planes de reestructuración de Bankia y BMN, aunque el plazo para que el FROB salga de estos dos bancos se ha extendido de 2017 a 2019″, afirman.

Asimismo, reitera que la Sareb afronta un reto en para deshacerse de su cartera (de activos inmobiliarios) de forma «rentable» e indica que, pese a la mejora del sector inmobiliario «debería ayudar», «se necesitan más esfuerzos para optimizar sus operaciones y resultados financieros».

Como en otros países europeos, la banca española se enfrenta a una escasa rentabilidad por el entorno de tipos bajos, a lo que se ha sumado su necesidad de provisionar para cubrirse ante impacto de devolución de las cláusulas suelo ordenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A pesar de las provisiones ya hechas, «el coste de la compensación a los consumidores necesita vigilarse de cerca», añaden.

Además, la CE y el BCE instan a seguir reduciendo el ratio de préstamos fallidos, que está por encima del 5,1 % de media europea, y advierten de que «algunos bancos pequeños necesitan seguir reforzando sus balances».

Al margen del sector bancario, las instituciones subrayan que en España los niveles de deuda (99,5 % del PIB) y de desempleo (18,8 %) siguen siendo altos.

Sobre este paro, señalan que «solo la mitad del aumento del empleo el año pasado es atribuible a contratos permanentes» mientras que «un cuarto de todos los trabajadores lleva con un contrato temporal desde el primer trimestre de 2017«.

Además prevén que el crecimiento «siga robusto», pero avisan de que garantizar «una senda equilibrada, duradera e inclusiva a largo plazo sigue siendo un reto».

La CE y el BCE no tienen dudas sobre la capacidad de España de devolver los 41.300 millones que recibió para sanear la banca, de los que ya ha reintegrado, en varias ocasiones de forma anticipada, 7.600 millones.

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