Bruselas obliga a España a reducir en 400 millones las ayudas a Correos

La Comisión Europea (CE) ha obligado a España a reducir en 400 millones de euros las ayudas a Correos para realizar el llamado Servicio Público Universal (SPU) en el periodo 2011-2020 por considerarlas «ilegales» por no haber sido comunicadas previamente, según ha informado la patronal de logística UNO.

Según ha señalado la patronal logística, la CE ha pactado con el Gobierno no abrir un expediente de infracción a cambio de que limite de inmediato las cantidades entregadas para el periodo 2011-2020.

UNO ha señalado que por primera vez Bruselas ha afirmado que «los importantes descuentos ofrecidos a grandes clientes, con los que operaba a pérdidas, no pueden compensarse con el dinero público».

Precisamente, el pasado 14 de mayo la Comisión Europea dio su visto bueno a los 1.280 millones de euros que España concedió a Correos como compensación por desempeñar su misión de servicio público entre 2011 y 2020, al considerar que respetan las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.

En ese momento, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, señaló que «el acceso fácil a los servicios postales es vital para todos los ciudadanos de la Unión Europea» y esta decisión permitía a Correos «seguir ofreciendo servicios postales básicos en toda España a precios asequibles, sin distorsionar de forma indebida la competencia».

En concreto, el Gobierno había asignado a Correos 1.680 millones de euros para el período comprendido entre 2011 y 2020, pero la Comisión Europea acepta como tope máximo solo 1.280 millones, y es ahí donde está la diferencia de dichos 400 millones.

No obstante, esta cantidad también está pendiente de revisión por parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que podría reducir aún más a la baja este importe debido a las numerosas advertencias que viene realizando en los últimos años a Correos.

Mientras que desde Correos se ha declinado opinar sobre este asunto, la patronal logística UNO se ha mostrado satisfecha por esta decisión de Bruselas que «evita que España vuelva a ser señalada en Europa por favorecer prácticas de competencia desleal en el sector postal y de paquetería en un momento en el que necesita transmitir credibilidad en la gestión de las cuentas públicas».

Según estos datos, Correos operador público sólo podrá contar con 61 millones de euros públicos para realizar el SPU porque, según las cuentas públicas comunicadas a la Comisión Europea, ya ha gastado 1.219 millones.