Carpetazo al caso del patrimonio de Rodrigo Rato

Carpetazo al caso del patrimonio de Rodrigo Rato

13 octubre, 2016
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Actualizado: 13 octubre, 2016 11:29
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La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido archivar una pieza separada de la investigación sobre el patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

El juez no solo asegura que los hechos en caso de haberse cometido habrían prescrito, sino que además no ve conexión ni relación alguna con la pieza principal, que investiga la fortuna del ex director general del FMI y ex presidente de Bankia.

Según el auto, la causa contra Rato no pasará ni un minuto más en los juzgados debido a la prescripción.

El pasado 4 de julio Rato solicitó el archivo parcial de la investigación sobre su patrimonio al sostener que se basaba en hechos falsos, ya que se le atribuía la propiedad de una empresa que no era suya y se le acusaba de un supuesto delito fiscal que, de haberse cometido, ya estaría prescrito.

El auto de la Audiencia Provincial de Madrid estima no sólo que el delito, «de haberse cometido», habría prescrito, sino que no tiene relación con la pieza principal, la que investiga el origen de la fortuna de Rato. «No está conexa«, indica el documento, por lo que «resulta innecesario» el análisis del resto de argumentos.

En julio, Rato solicitó el archivo parcial de la investigación sobre su patrimonio porque se basaba en hechos falsos. Se le atribuyó la propiedad de una empresa que no era suya y se le acusa de un supuesto delito fiscal que de haberse cometido ya estaría prescrito.

Además de todo esto, el exministro de Economía advierte a la Audiencia Provincial de Madrid de que la nueva pieza separada sobre la empresa COR, abierta en abril por el instructor del caso, surge a raíz de documentación incautada de forma ilegal durante el registro de su despacho.

A pesar de ello, la ONIF, la Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, le acusa de un presunto fraude fiscal de 179.458 euros en el ejercicio 2009, que habría prescrito en julio de 2015.

Sin embargo, la fiscal Elena Lorente consideró que, dada la complejidad de la investigación, procedía solicitar un nuevo informe sobre los ingresos de COR Comunicación, en concreto, aquellos procedentes por campañas de publicidad de Endesa (2009-2013), de Banco Santander (2009-2013) y CaixaBank.

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